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Foment propone al Gobierno una moratoria fiscal de 3 meses

La patronal catalana remite una carta al presidente del Gobierno en el que reclama que se emplee la política tributaria para dar liquidez

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Agustí Sala

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En Foment del Treball existe mucha preocupación por la liquidez de las empresas. Y han logrado que el Gobierno incluya más de 100.000 millones en  avales públicos en el real decreto de medidas urgentes aprobado esta semana. Pero queda pendiente el tema tributario: no hay ingresos, pero hay que pagar impuestos. Es por ello que la patronal catalana, a través de su presidente, Josep Sánchez Llibre, se ha dirigido por carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedirle que se aplece tres meses la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. El Gobierno aprobó la semana pasada que las pymes y autónomos puedan aplazar el pago de deudas tributarias de hasta 30.000 euros.

En resumen se trataría de una moratoria fiscal de un trimestre a partir de ahora mismo con el aplazamiento de la presentación (o al menos el ingreso) y las autoliquidaciones del IRPF y el impuesto de sociedades, "con independencia de su importe y los sujetos que la realicen; y sin intereses". La cantidad aplazada, además, debería poder fraccionarse en los seis meses siguientes.     

La medida, según la misiva, debería beneficiar a las empresas independencia del importe y de los sujetos que lo realicen. "El objetivo, argumenta en la carta la patronal catalana, es el mantenimiento de la cadena de pagos, de la tesorería de las empresas, del empleo y del consumo". Justo este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica los plazos de presentación del IRPF, cuyo inicio de campaña se mantiene para el próximo 1 de abril.  

A juicio de Foment, las medidas excepcionales adoptadas hasta ahora por el Gobierno "tienen una muy limitada flexibilización de plazos para la realización de ciertos trámites en procedimientos tributarios, y para la realización de pagos de liquidaciones".

En la misiva dirigida a Sánchez se argumenta que "muy poco o ningún protagonismo" se ha atribuido dentro de la política económica de emergencia, desarrollada por el Gobierno, a la política fiscal y tributaria para alcanzar el objetivo pretendido por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que está destinado a proteger y apoyar al tejido productivo y social.

A juicio de Sánchez Llibre, una medida de esta naturaleza permitirá "una salida mucho más acelerada de la situación en cuanto la crisis se supere". A su vez destaca la "extravagancia de tener que pagar IRPF y el impuesto de sociedades del ejercicio de 2019, cuando el ejercicio del 2020 habrá, en muchos casos, bases imponibles negativas a compensar en el ejercicio de 2021 y siguientes. Cuando en una situación excepcional como ésta debería  -probablemente- actuarse a la inversa”.

Según Foment debería combinarse, por un lado la presentación y pago de los tributos, y por otro, utilizarlos como mecanismo para otorgar directamente liquidez durante un periodo breve que facilite una caída de la actividad en V, es decir caída y rápida recuperación. De ahí, que ante esta situación, de forma temporal y excepcional, debería adoptarse la medida de aplazar por tres meses la presentación (o al menos el ingreso) de declaraciones y autoliquidaciones tributarias; con independencia de su importe y sujetos que la realicen; sin intereses. Y que la cantidad aplazada pudiera se fraccionada en los seis meses siguientes.

La doctrina del Tribunal Constitucional y el ejemplo de la Generalitat

En sus argumentos en la carta a Pedro Sánchez, Foment recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional. Según esta, los tributos no solo un medio para recaudar sino un instrumento de política económica general «y para asegurar una mejor distribución de la renta nacional».

También recuerdan que la Generalitat ha acordado esta misma semana la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y del pago de los tributos propios y cedidos.