SENTENCIA

La Audiencia niega la responsabilidad patrimonial del Banco de España por la venta del Popular

La sentencia declara que la supervisión corresponde al Banco Central Europeo

Linde declara ante el juez que la del Popular fue una crisis de liquidez, no de solvencia

El ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en la Audiencia Nacional por el ’caso Popular’.

El ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en la Audiencia Nacional por el ’caso Popular’. / JOSÉ LUIS ROCA

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Ángeles Vázquez

La resolución del Banco Popular de junio de 2017 ha protagonizado este miércoles la actividad de la Audiencia Nacional a través de dos escenarios. En el de lo Contencioso, el tribunal ha ratificado que el Banco de España no tuvo responsabilidad patrimonial en el proceso que acabó con su venta al Santander por un euro, porque la competencia correspondía al Banco Central Europeo. Y en el de lo Penal, el exgobernador del órgano supervisor Luis María Linde ha declarado ante el juez como testigo que la crisis de la entidad fue de liquidez, no de solvencia o por provisiones.

La sentencia de lo Contencioso rechaza el recurso de una accionista del Popular que reclamaba 123.991 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados tras la resolución de la entidad. Argumentaba que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 

Pero el tribunal declar que el mecanismo único de supervisión que armoniza la unión bancaria en Europa y que se diseña en el Reglamento del Consejo, de 15 de octubre de 2013, encomienda esas tareas al Banco Central Europeo, como "responsable del funcionamiento eficaz y coherente" del sistema, sin perjuicio del deber de cooperación legal con las autoridades nacionales.

Según importancia  

La sentencia precisa que dado el número de entidades de crédito de la zona euro, la supervisión del BCE se ejecuta según la importancia de las entidades. Así la institución europea supervisa directamente las calificadas de "significativas", mientras que las "menos significativas" lo son por las autoridades nacionales, sin perjuicio de una supervisión indirecta del banco europeo. Desde la reforma de 2014, entre esas "entidades significativas" estaba el Banco Popular. 

El tribunal concluye que, si el Banco de España carecía de competencias en materia de supervisión del Popular, "es conforme con el ordenamiento jurídico su decisión de inadmitir la reclamación formulada en concepto de responsabilidad patrimonial por el supuesto incumplimiento de unas funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación". 

En las dos etapas

En su declaración en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Popular, encabezados por los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por la ampliación de capital de 2.500 millones y una presunta manipulación del mercado con noticias falsas, Luis María Linde ha defendido que los requerimientos al Popular eran comunes a todas las entidades, informa Efe.

A preguntas del magistrado, el exgobernador del Banco de España ha aseverado que la entidad "siempre" estuvo por encima de las exigencias regulatorias, y ha apuntado que esta pasó tanto los procesos de revisión de la calidad de activos (AQR por sus iniciales en inglés) como los test de estrés que realiza la Autoridad Bancaria Europea, en todos los escenarios.

Ha sostenido que el banco fue mejorando su posición desde 2012, y que dos años más tarde, cuando el Banco Central Europeo (BCE) asumió su vigilancia directa en 2014, era plenamente solvente.

El exgobernador ha asegurado que nunca recomendó a Ángel Ron en 2012 ni traspasar activos al denominado "banco malo", la Sareb, ni pedir ayudas públicas, porque tenían capacidad de hacer ajustes por sí solos. Y sobre los 108 días de gestión de Saracho, las noticias y los hechos que acontecieron a partir del primer trimestre de 2017, coincidiendo con el relevo efectivo en la cúpula, dinamitaron la confianza de los depositantes.

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Tampoco ayudaron, explicó, ni el hecho relevante publicado por el Popular el 3 de abril -apenas dos meses antes de su resolución- en el que comunicaba la reexpresión de las cuentas del ejercicio anterior, que hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas, ni que se filtrara a los medios la salida del que era consejero delegado, Pedro Larena.

Circunstancias que el propio Saracho, en su declaración del pasado octubre, englobó dentro de una suerte de "ley de Murphy", y que, para Linde, se vieron agravadas por las palabras de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, que en una entrevista a Bloomberg nombró al Popular entre los bancos "vigilados", lo que provocó que el precio de la acción cayera un 3,6%.