09 ago 2020

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Medidas preventivas

Las empresas deben parar su actividad si detectan un brote de coronavirus

Las compañías no deberán pagar las cotizaciones de sus empleados si pueden acreditar cierre por "fuerza mayor"

Las firmas solo podrán acreditarlo si la plantilla se ausenta en masa por aislamiento o Sanidad clausura el centro de trabajo

Gabriel Ubieto

Turistas con mascarillas para protegerse del coronavirus pasean por Sevilla.

Turistas con mascarillas para protegerse del coronavirus pasean por Sevilla. / JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

Las empresas que detecten un brote o riesgo "grave e inminente" de contagio de coronavirus tienen la obligación de cerrar temporalmente el centro de trabajo. Así lo ha dictaminado este miércoles el Ministerio de Trabajo en una guía práctica para las compañías, con consejos y obligaciones sobre como gestionar las posibles interrupciones ocasionadas por la epidemia. Las empresas que tengan que paralizar su actividad debido a los efectos del coronavirus podrán verse exoneradas de pagar la cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores durante los días que dure el cierre, en determinados casos. [Sigue la última hora sobre el coronavirus en directo.]

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Guía para la empresa ante el brote de coronavirus. 

Guía para la empresa ante el brote de coronavirus.

El departamento liderado por Yolanda Díaz también insta a las compañías a realizar una "interpretación restrictiva" del concepto "grave e inminente" y recuerda que "la mera suposición o la alarma social generada no son suficientes". Y no solo será competencia y obligación de las empresas paralizar la actividad en caso de riesgo "grave e inminente" de contagio, sino también de los trabajadores. El comité de empresa, en bloque, o los delegados de prevención de riesgos laborales pueden decidir unilateralmente la paralización de la actividad empresarial. Tanto empresa como trabajadores tienen la obligación de "informar lo antes posible de la existencia" de riesgo de contagio de coronavirus.

Posible exoneración de cotizaciones

"La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador", reza la guía del Ministerio de Trabajo. Es decir, si una compañía se ve obligada a registrar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y puede justificar que lo hace por fuerza mayor, la empresa no deberá asumir las cotizaciones y al trabajador le contará como que no ha dejado de cotizar. El coste pasará a asumirlo el erario público. Y, en caso de que la empresa se vea obligada a despedir a trabajadores, las indemnizaciones las asumirá el Fondo de Garantía Salarial.

El Ministerio de Trabajo es consciente, tal como justifica en su guía, del peso económica de China, tanto a nivel logístico como de comprador, y de las complicaciones derivadas de los protocolos de aislamiento decretados de Sanidad para minimizar los contagios. No obstante, no todas las compañías que vean afectada su actividad podrán recurrir a esta medida y cargarle parte del coste a la Seguridad Social. En última instancia, será la autoridad laboral competente, ya sea directamente el Ministerio de Trabajo u otros organismos, como el Departament de Treball de la Generalitat, quién tenga la última palabra. Y es que las compañías solo podrán acogerse al supuesto de "fuerza mayor" si pueden acreditar una ausencia masiva de trabajadores, debido a causas médicas, u una orden directa de la autoridad sanitaria de clausura del centro de trabajo.

No serán consideradas causas de "fuerza mayor" los casos en los que una empresa deba cerrar o paralizar su actividad por la escasez o falta total de aprovisionamiento de materiales. Tampoco un descenso de la demanda que le genere a la firma un esceso de existencias o falta de compradores o la imposibilidad de prestación de servicios. 

Teletrabajo, en la medida de lo posible

El Ministerio de Trabajo recomienda a las empresas que suplan, en la medida de lo posible, aquellas actividades habitualmente realizadas en el centro de trabajo por trabajo desde casa. Siempre en aquellos casos en que dichas tareas no puedan desarrollarse en la oficina u fábrica debido a las precauciones necesarias de tipo sanitario. Para dichos casos, la guía práctica del Gobierno insta a las compañías a abordar acuerdos colectivos o individuales "de carácter excepcional" para promover el teletrabajo. Siempre que estos sean de duración “temporal y extraordinaria”, estén adecuados a la ley, no suponga una reducción de derechos para el trabajador y que el coste tecnológico del teletrabajo no lo asuma el empleado.