Las empresas podrán dar un voto doble a sus accionistas de largo plazo

Las empresas cotizadas podrán permitir que los accionistas que lleven más de dos años en la compañía cuenten con dos votos por cada acción que posean, en lugar de uno. Se trata de las conocidas como acciones de lealtad, con la que ya cuentan otros países como Francia e Italia y con las que se busca incentivar que las firmas cuenten con inversores a largo plazo. Eso sí, la medida deberá ser aprobada por una mayoría amplia: un mínimo del 60% del capital, si la junta de accionistas alcanza una representación de más del 50% del accionariado, y del 75%, si solo supera el 25%. O incluso porcentajes mayores, si la empresa decide elevar los listones en sus estatutos sociales.

Así aparece recogido en un anteproyecto de ley que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros y que incorporará a la normativa española una directiva europea del 2017 que debía haber estado traspuesta en junio del año pasado, un paso que no se pudo dar por estar el Gobierno en funciones. Una vez que la norma esté en vigor, algo para lo que todavía faltan varios meses, las empresas podrán convocar sus asambleas para aprobar las acciones de lealtad. En ese momento comenzará el plazo de dos años en que deberán permanecer los accionistas para beneficiarse del voto doble, porque no se tendrá en cuenta su antigüedad en el capital.

El Ejecutivo también ha decidido eliminar la obligación que tienen las empresas cotizadas españolas de publicar resultados todos los trimestres. Ahora solo lo tendrán que hacer en el primer y segundo semestre, lo que implica que no será necesario que rindan cuentas en el primer y tercer trimestre. "España es el único sitio donde era obligatorio, lo que es costoso, no aporta mucho y pueden incentivar el cortoplacismo", han justificado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con todo, podrá exigir a las compañías que formulen las cuentas trimestrales si lo estima necesario, una salvaguarda pensada para empresas que atraviesen problemas, como en su momento el Popular o Día.

Otras medidas

La norma también obligará a las instituciones de inversión colectiva a hacer pública su política de inversión, es decir, a explicar si entran en las empresas con vocación de largo plazo o tienen otras intenciones. La medida afectará a las firmas españolas o radicadas en el país, no a las extranjeras. Asimismo, ampliará el derecho de las empresas de identificar a sus inversores, aunque las fuentes del ministerio reconocieron que es "imposible" conocer al 100% quiénes son realmente todos los propietarios de las compañías.

Además, incrementará la información que tienen que ofrecer las firmas sobre la remuneración de sus consejeros y sobre las operaciones vinculadas (como los créditos concedidos a un administrador). También eleva de cinco a ocho millones el nivel a partir del cuál las emisiones de deuda deben ir acompañadas de un folleto, y se permite que las empresas que solo se dediquen a emitir deuda no tengan que publicar un informe anual de gobierno corporativo. Por último, fija la prohibición de que los consejeros sean personas jurídicas en lugar de físicas, como sucede en algunas compañías.

"Se aspira a que haya empresas con mejor gobernanza, más transparecnia, con incentivos más alineados y por tanto que sean más capaces de crecer, financiándose a largo plazo, y por tanto que creen empleo y aporten valor a la sociedad", han sostenido las fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño, que también han restado importancia al efecto disuasorio para captar empresas extranjeras que puede provocar la recien aprobada 'tasa Tobin'. "También en otros países la hay", han recordado.