23 oct 2020

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Comparecencia

Escrivá quiere empezar el 2021 con una nueva ley de pensiones en marcha

El objetivo es pactar la reforma y llevarla a Las Cortes en el segundo semestre del año

El ministro critica el "catastrofismo" y asegura que la Seguridad Social es "sólida y solvente"

Rosa María Sánchez

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados. / David Castro

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó este jueves  en el Congreso de los Diputados su propósito de avanzar en la reforma del sistema de pensiones con el fin de que esta ya sea de aplicación a partir de enero del 2021. «El objetivo es que a partir del año que viene las pensiones tengan un nuevo marco legal estable», afirmó Escrivá en su primera comparecencia parlamentaria para presentar las políticas de su Departamento.

Esto implica que el ministro deberá  llevar al Congreso de los Diputados en la segunda mitad de este año una propuesta de reforma del sistema de pensiones que previamente pretende negociar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y con los agentes sociales.  

De momento, se pretende que la revalorización de las pensiones del 2021 se pueda realizar ya de acuerdo con un nuevo índice estable que garantice el poder adquisitivo de las prestaciones y sustituya para siempre al actual indicador que limita la subida al 0,25%. El nuevo sistema estable evitará tener que volver a adoptar soluciones transitorias como las que han sido precisas en los tres últimos años para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, mediante subidas vinculadas al IPC.

Saneamiento de las cuentas

Además, para sanear en un primer momento las cuentas de la Seguridad Social, Escrivá explicó que bastará librar al sistema de algunos cargas impropias que aumentan sus gastos (con prestaciones no contributivas) o merman sus ingresos (con bonificaciones de cuotas sociales al empleo). Ese proceso podría empezar ya en el 2020, en los Presupuestos del Estado que prevé aprobar el Gobierno, según  ha admitido la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las tensiones financieras llegarán a medio plazo, a partir del 2025 ó el 2030 con la jubilación de las personas procedentes del ‘baby boom’. Para afrontar esas tensiones, Escrivá confía en la «palanca» que supone seguir aproximando la edad efectiva de jubilación (64,4 años) a la edad legal (67 años). «Ya hay instrumentos para propiciar de forma voluntaria jubilaciones más largas. Hemos de fomentarlos», dijo, tras advertir que no son suficientemente conocidos. También confía el ministro  en que el aumento de la población (sobre todo, por vía de la inmigración) ayudará a sostener los ingresos del sistema.

Sistema sólido y solvente

«La Seguridad Social es solvente», empezó diciendo Escrivá en la Comisión de Trabajo. «Tenemos una Seguridad Social sólida y solvente como punto de partida» y las tensiones que cabe esperar en los próximos años «son gestionables y manejables», insistió antes de detallar su plan.

El ya expresidente de la Autoridad Fiscal censuró el "catastrofismo", la "incertidumbre" y la "inquietud" que se está instalando en la opinión pública sobre el sistema de pensiones, "porque no es verdad".

Escrivá relacionó parte de este estado de opinión con la difusión de algunos estudios, a su juicio interesados, que ponen el acento en las dificultades financieras del sistema y en la necesidad de ahorrar en planes privados para la jubilación.

Ingreso Mínimo Vital

Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ministro planteó a los grupos políticos un triple consenso, sobre inclusión, pensiones e inmigración.

En primer lugar, ofreció un "consenso por la inclusión" en el que incluyó el diseño de un "ingreso mínimo vital" que permita garantizar una renta mínima a las personas  y "romper el círculo entre desigualdad, incertidumbre y falta de oportunidades".

El diseño de este ingreso constituirá, según el ministro, la politica de gasto más importante de la legislatura  y se hará tomando en cuenta las rentas mínimas de inserción ya existentes en las comunidades autónomas. Según Escrivá, el nuevo ingreso deberá garantizar "un mínimo" en el conjunto del Estado a partir del cuál podrán actuar las politicas de cada gobierno autonómico

Está prevista a introducción gradual del ingreso mínimo vital a lo largo de la legislatura, empezando ya en el 2020 con ayudas contra la pobreza infantil. El ministro aseguró que “el ingreso mínimo vital aspira a ser mucho más que una renta mínima universal”, ya que se focalizará en las necesidades individuales y favorecerá la inclusión. “Se trata de que nadie se quede atrás”, afirmó.

Reforma de la ley de extranjería y pisos de la Sareb para acogida

Además de un consenso sobre inclusión y otro sobre pensiones, el minisro Escrivá planteó este jueves a los diputados las líneas maestras para forjar una política de inmigración "legal, segura y ordenada"

"A medio plazo, es necesario aumentar la inmigración para mantener nuestra población en edad de trabajar constante, evitando un riesgo de japonización con envejecimiento poblacional y ralentización económica", según el ministro

En este punto, el plan de actuación del Ministerio incluye mejoras en la gestión y cambios en la ley de extranjería del 2000 para fortalecer las vías de acceso legal al mercado de trabajo español y primar las autorizaciones de empleo frente a las vías de arraigo. También se pretende flexibiliar el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (mediante una reforma integral) así como los criterios de aplicación de las autorizaciones de extranjería

De cara a las personas que llegan a las costas o a la política de asilo se plantea reforzar los sistemas de atencion humanitaria y de acogida y nuevas infraestructuras públicas y privadas de acogida. En este sentido, Escrivá anunció que su Departamento ha establecido contacto con la sociedad pública Sareb (donde se acumulan las garantías inmobiliarias de las hipotecas fallidas de los bancos durante la crisis) para poder utilizar algunos de sus inmuebles como vivienda de acogida para inmigrantes y asilados.