'CASO POPULAR'

El juez cita a Ana Botín como testigo para el 28 de mayo

También interrogará como testigo al presidente del Banco Popular

De Guindos declarará el 2 de abril finalmente por videoconferencia

Ana Botín, presidenta del Banco de Santander.

Ana Botín, presidenta del Banco de Santander.

Se lee en minutos

Ángeles Vázquez

La flor y nata de la economía española en los últimos años va a tener que desfilar por la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga la adquisición por el Banco Santander por un euro del Popular, tras la resolución de esta entidad, en 2017. El juez que lo investiga, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigo a la presidenta del mayor banco español, Ana Botín, para el próximo 28 de mayo.

Siete días después, el 4 de junio, tendrá que comparecer quien presidía el Popular, Rodrigo Echenique, cuando la entidad fue adquirida por el banco cántabro, según consta en varias providencias.

El magistrado, además, ha decidido mantener la comparecencia de Luis de Guindos para el 2 de abril. Ante las objeciones puestas por el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, que proponía declarar por escrito, para venir a la Audiencia Nacional, el magistrado ha decidido finalmente que quien fue ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 2016 y 2018 responda por vídeoconferencia a sus preguntas y las que le formule Anticorrupción y las partes personadas.

Citaciones anteriores

El magistrado comenzó la investigación tomando declaración a los imputados, entre ellos, los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho

Su próximo paso consistirá en tomar declaración entre marzo y abril, como testigos, al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; su antecesora, Elvira Rodríguez, y el exgobernador del Banco de España Luis María Linde.

Te puede interesar

El juez Calama investiga la ampliación de capital por 2.505 millones de euros que en 2016 realizó el Popular, lo que se justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Su entonces presidente, Ángel Ron, calificaba de "inmejorable" su solvencia económica y patrimonial. Solo un años después se decretó la resolución de la entidad.

Las querellas contra sus responsables por supuestas irregularidades contables y falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital dieron origen al caso.