01 nov 2020

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tráfico mercantil

Maroto se compromete a impulsar un régimen sancionador contra la morosidad

La ministra de Industria no fija una fecha para un régimen sancionador para las empresas que demoran sus pagos

La plataforma que agrupoa a las pymes afectadas por retrasos afirma que el plazo medio de pago pasó el año pasado de 68 a 70 días

Reyes Maroto, durante su intervención en el acto Empresa del Año.

Reyes Maroto, durante su intervención en el acto Empresa del Año.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el Gobierno contempla impulsar un régimen sancionador y un sistema arbitral de morosidad "ágil y efectivo" para combatir el retraso en el pago entre empresas, dentro del Consejo estatal de la pyme. El régimen sancionador, que estuvo a putno de aprobarse en la anterior legislatura, es una de las demandas constantes de las pequeñas y medianas empresas.  

Así lo ha confirmado en respuesta al portavoz económico de ERC, Joan Capdevila, que le ha reclamado en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso medidas para combatir la morosidad, ante un período medio de pago de 169 días por parte de las compañías más grandes, las integradas en el Ibex 35.

Maroto ha reconocido que existe "mucho margen para mejorar" los índices de morosidad, situados en una media de 82,3 días de media, y se ha comprometido a "abordar la fórmula más eficaz" para la reforma de la regulación y para aprobar otras medidas.

Asimismo, la ministra ha manifestado que espera encontrar en el Congreso de los Diputados "consenso" para poder desarrollar estos nuevos mecanismos que permitan reducir la morosidad en esta legislatura.

Capdevila, por su parte, ha apremiado al Gobierno a actuar contra esta "lacra", y ha cuestionado el "errático camino legendario del PSOE" frente a la morosidad y le ha emplazado a sumarse "de verdad" en esta legislatura.

Por su parte, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y el aumento de los impagados en su último Informe sobre Morosidad.

Así, el estudio desprende que el plazo medio de pago a proveedores en 2019 aumentó de 68 a 70 días de media (+3,1%), alejándose de los 30 días que establece la ley.

El pasado año, el 65% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley, además de tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.

Asimismo, el informe refleja que casi nueve de cada diez proveedores (86%) nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, y el 94% no reclamó la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, que podría deberse más "al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento", dado que el 61% de los encuestados asegura conocer la legislación existente.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha denunciado que el plazo medio del sector privado en 2019 siguió lejos de los 60 días que establece la ley, si bien se redujo "ligeramente" gracias a la mejora en los pagos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Estas empresas pagaron a 73 días, ocho menos que la estimación de 2018, lo que supone un descenso del 9,9%.

Para el 60% de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas -con facturación superior a 50 millones de euros-. Preguntados por cuánto tardan en pagarles estas empresas, el 35% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal, tardando entre 60 y 90 días, mientras que el 46% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días).

Cañete ha recordado la urgencia de que se ponga en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas morosas que han cobrado y no pagan y ha instado a los grupos políticos a que se pongan "manos a la obra, que ya tienen todo el trabajo hecho y el compromiso adquirido", refiriéndose a la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que quedó bloqueada en el Congreso a pesar de haber sido tomada en consideración por el Pleno de la Cámara por unanimidad.