Más de 5.000 empresas deberán registrar un plan de igualdad antes del 1 de marzo

Un total de 5.452 empresas deberán negociar con la representación de los trabajadores y registrar ante la Administración un plan de igualdad antes del próximo 1 de marzo. Así lo marca el real decreto aprobado en marzo del 2019 por el anterior Gobierno, que obliga a las compañías de más de 150 trabajadores en plantilla a tener un programa para promover la paridad definido y dar constancia de ello ante el Ministerio de Trabajo o la administración autonómica pertinente. La cobertura de dichos nuevos planes de igualdad se extenderá a más de un millón de trabajadores, según datos facilitados por CCOO en base a cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los planes de igualdad son programas que pretenden promover la paridad entre hombres y mujeres en las empresas, tanto a nivel salarial, como de derechos laborales, conciliación y capacidad de promoción profesional. Hasta el 1 de marzo del año anterior estos eran únicamente obligatorios para aquellas empresas con más de 250 empleados y no era imprescindible para estas registrarlos ante la administración competente. Prueba de ello son los discretos números que presentan hasta la fecha administraciones como la Generalitat de Catalunya, que antes de la norma estatal ya contaba con un registro propio y voluntario. Según datos facilitados este lunes por el Departament de Treball, en sus archivos están disponibles 209 planes de igualdad, que dan cobertura a 83.400 trabajadores.

El anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros previo al 8-M un real decreto con medidas urgentes para promover la paridad de género. Una de ellas era la extensión progresiva de la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Este año les toca a las de más de 150; el 1 de marzo del 2021 será el turno de las de más de 100 trabajadores y en el 2022 para las de 50 trabajadores para arriba. Para ello creó de un registro equivalente al que tenía la Generalitat, pero para todas las empresas españolas y similar al archivo público donde las empresas dan fe de los convenios negociados.