MANIPULACIÓN FRAUDULENTA

Arranca el primer juicio colectivo contra Volkswagen en España

La OCU exige al gigante automovilístico alemán 22,5 millones de euros de compensación por el escándalo del 'Dieselgate'

Puebas de contaminación en un Volkswagen Golf 2.0.

Puebas de contaminación en un Volkswagen Golf 2.0. / periodico

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Cuatro años después del escándalo del 'dieselgate', el juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid acoge el primer macrojuicio en España contra el grupo Volkswagen por los motores diésel. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una demanda colectiva en el año 2017 en defensa de más de 7.500 millones de afectados con la que pide una indemnización de 3.000 euros para cada uno.

En total, 22 millones por daños y perjuicios para el conjunto de los afectados. El juicio llega después de dos intentos de arbitraje fallidos. "Lo primero que intentamos fue hablar con Volkswagen para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, pero jamás accedieron", explicó la portavoz de la asociación, Iliana Izverniceanu. En la primera reunión con los abogados de la compañía alemana, según explicó Izverniceanu antes del juicio, la oferta de Volkswagen fue "un llavero y una gorra" para cada afectado. "Nos pareció muy insultante para los españoles afectados", advirtió.

La organización de consumidores también intentó la vía administrativa con una denuncia ante la Agencia Catalana del Consumo que fue archivada porque consideró que no había "infracción en materia de protección a los consumidores". Sin embargo, en otros países sí, como es el caso de Polonia donde las autoridades han impuesto una multa de 28 millones de euros por las mismas prácticas. Desde la OCU reclaman que no se distinga a los ciudadanos en función de su lugar de residencia. 

En septiembre de 2015, las autoridades medioambientales de los Estados Unidos destaparon el caso Volkswagen tras detectar que el 'software' instalado en los vehículos les permitía verter más dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera de lo establecido en la legislación. Como resultado, en la conducción normal en carretera los vehículos podían exceder hasta 40 veces lo que certificaba la empresa, que posteriormente admitió que este trucaje también se aplicó a los modelos vendidos en Europa.