25 feb 2020

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tribunales

El BBVA acuerda pagar 1,7 millones al directivo que despidió por el 'caso Villarejo'

Béjar desiste de su demanda y no podrá trabajar en la competencia durante dos años

La entidad asegura que el despido queda como procedente pero el ejecutivo lo niega

P. Allendesalazar

Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte.

Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte. / EFE / ZIPI

El BBVA ha llegado a un acuerdo económico con Antonio Béjar, exalto cargo del banco durante casi dos décadas, expresidente de su participada Distrito Castellana Norte (DCN) y único directivo al que ha cesado sin indemnización por el 'caso Villarejo', en el que se investiga la relación de la entidad con el excomisario que se ha convertido en sinónimo de las cloacas policiales. El grupo le pagará 1,7 millones de euros antes de impuestos y, a cambio, su exempleado ha desistido de su demanda por despido improcedente.

Las dos partes se han visto las caras este viernes en el juzgado de lo social número 10 de Madrid y han llegado a un pacto que ha evitado que se celebre el juicio a instancias de la jueza, María Fátima Beardo, tras casi tres horas de negociaciones y con varios recesos y mejoras de la oferta por parte del banco, que ha estado representado por Adolfo Fraguas, su director de servicios jurídicos en España, y Rafael Giménez-Arnau, socio del despacho Garrigues.

En un punto determinado, de hecho, la magistrada ha estado a punto de dar comienzo a la vista oral, pero en el último momento las partes han seguido negociando. Según la defensa de Béjar, la entidad financiera no había realizado ninguna propuesta de acuerdo desde que despidió a su representado a finales de septiembre hasta este mismo viernes.

Condiciones

Fuentes del BBVA han defendido que "Béjar desiste de su demanda por lo que el despido queda como procedente". Ello implica que el directivo no se reincorporará al banco y que la entidad le pagará una cantidad pese a seguir sosteniendo que tenía motivos fundados para echarle. En cambio, la defensa del exdirectivo, ejercida por Antonio Bernal, ha sostenido que la procedencia o no del cese ha quedado "sin juzgar", algo que solo puede hacer la jueza, y que lo pactado es solo un "acuerdo de conciliación". 

Los 1,7 millones se pagarán a razón de 70.833,33 euros al mes durante dos años, a los que habrá de restar la tributación del IRPF, desde el próximo mes de marzo hasta febrero del 2022. El pago, eso sí, está sometido a ciertas condiciones. Béjar ha aceptado no trabajar para la competencia del banco o de su participada DCN durante 24 meses, una cláusula habitual en las salidas de altos directivos de banca. Además, el exejecutivo consolida el derecho al cobro 890.000 euros brutos de la suma total, pero tendrá que devolver 910.000 euros si es condenado en sentencia firme a más de un año de cárcel en el marco de la investigación del 'caso Villarejo' de la Audiencia Nacional, algo que previsiblemente tardaría años en producirse.

Represalia o no

Otra de las claves del acuerdo es que "no impide ni condiciona a las partes en su defensa en la causa penal", en la que tanto Béjar como el BBVA están imputados. El exdirectivo es una pieza clave de la investigación de la Audiencia Nacional: comenzó a colaborar con la justicia después de que la Fiscalía pidiese para él una fianza de medio millón de euros, que finalmente redujo. Así, atribuyó ante el juez al entonces presidente del banco, Francisco González, tanto la orden de recurrir a detectives para combatir a los grandes morosos de la entidad como la de acabar contratando a la empresa que propusiera el entonces jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano. Resultó ser la de Villarejo, al que la entidad pagó 10,2 millones de euros a través de media docena contratos entre el 2004 y el 2017.

El BBVA, por su parte, ha asegurado que la investigación externa ('forensic') que encargó a PWC en enero del año pasado es la que le llevó a despedir a Béjar sin indemnización. El otro directivo del que ha prescindido, Eduaro Arbizu, sí conservó sus derechos tras su cese. En su carta de despido, la entidad argumentó que su exempleado había destruído documentos y tenido un papel relevante en el contrato con Cenyt, la empresa del excomisario. La defensa de Béjar lo niega. Asegura que los dispositivos destruídos no tenían información, y esgrime que el despido fue una represalia, ya que la carta en la que se le notificaba llegó el mismo día en que comenzó a colaborar con la justicia.