Obligar a legalizar a 'okupas' es una medida preocupante, según FIABCI España

La convalidación del nuevo decreto ley en materia de vivienda por parte del Parlament de Catalunya cuenta con el rechazo unánime del sector inmobiliario, entre ellos, la federación inmobiliaria internacional FIABCI. Este decreto ley obliga a inversores y propietarios de más de 15 viviendas a proporcionar un alquiler social durante cinco años (si el arrendador es una persona física) o siete años (si el arrendador es una persona jurídica) a sus inquilinos, incluyendo okupas, si llevan habitando en la vivienda al menos 6 meses.

Además, en este paquete de medidas urgentes, la Generalitat ha elevado del 30% al 40% el porcentaje de suelo que se destine a vivienda VPO en las nuevas promociones residenciales que se construyan en el Área Metropolitana de Barcelona. “Esta decisión va a generar una ralentización del mercado inmobiliario de Barcelona”, alerta Ramon Riera, presidente de FIABCI España y Europa, que espera que “esta ley acabe en los tribunales porque puede resultar muy perjudicial para todos, ya que el propietario de una vivienda quedará completamente desprotegido”.

La obligación del alquiler social para los grandes tenedores, sumado al 40% de vivienda VPO en las nuevas promociones, frenará igualmente la promoción de vivienda destinada al alquiler ('build-to-rent'), un sistema al alza en el mercado nacional y que en Barcelona encontrará a partir de ahora un muro difícil de derribar.