Industria Electrointensiva

El Gobierno descontará 90 millones en la factura de la luz a la gran industria

El Gobierno incentivará los contratos bilaterales entre industria y generador de energía

El 25% de las empresas que se beneficiarán de las ayudas (600 en total) son catalanas

Instalaciones petroquímicas en el Camp de Tarragona.

Instalaciones petroquímicas en el Camp de Tarragona. / XAVI MOLINER

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Sara Ledo

Tras la oleada de amenazas de cierre en la gran industria del último año y después de la aprobación fallida de la anterior propuesta, el Gobierno saca a la luz el nuevo borrador del Estatuto de la Industria Electrointensiva que bonificará con hasta 90 millones de euros a la gran industria en su factura de la luz.

El recibo eléctrico está dividido en dos partes, un término variable y otro fijo. Este último está formado por peajes (determinados por la CNMC) y cargos (establecidos por el Ejecutivo) que suponen alrededor del 30% del total. El Ejecutivo compensará a los grandes consumidores hasta el 85% de esos cargos, aquellos destinados a financiar a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios peninsulares.

El Gobierno sacó el año pasado un controvertido Estatuto en el que eximía del 100% de los pagos por capacidad a las empresas interrumpibles y del 70% al resto de la gran industria con cargo al sistema eléctrico --41 millones de euros—, y traspasaba la cuantía de los pagos por interrumpibilidad al resto de consumidores –23 millones.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paró la tramitación con un informe que advertía que algunas de estas acciones debían estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea, especialmente en el caso de la exención de los pagos por capacidad en las que observaba un "elevado riesgo".

El Gobierno asumió esta recomendación y elaboró una nueva propuesta que, advierte, "es la única posible", formada por tres medidas estrella: la compensación de hasta el 85% de los cargos que forman parte del recibo de la luz; la compensación por costes indirectos de CO2 por encima de los 172 millones de euros anuales (una medida que ya existe pero se incluye en el Estatuto para "consolidarla"), así como la garantía (aval) del Gobierno para fomentar los contratos de la luz entre consumidores (industria) y productores (renovables) conocidos como PPAs, por sus siglas en inglés. 

En total, a falta de conocer los datos concretos establecidos en la memoria económica del borrador, el Gobierno destinará cerca de 300 millones de euros, que en el caso de la compensación de los cargos (90 millones) y de los costes indirectos de CO2 (172 millones) dependerán de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Contratos bilaterales

Un PPA es un acuerdo para la compraventa de electricidad a largo plazo (al menos 5 años) a un precio, más o menos fijo, lo que permite al consumidor tener un precio más barato y estable que el que podría encontrar en el mercado y además puede predecir costes. Según el Ejecutivo, este tipo de contratos supondría una rebaja media en el recibo eléctrico de la gran industria de 6 euros el megavatio-hora.

Los contratos bilaterales entre productores e industria son la gran esperanza del Ejecutivo para aligerar los costes de los grandes consumidores, aunque también pueden ser vistos como un incentivo para los propios productores de renovables, ante el aluvión de instalaciones previstas en la próxima década, pues el Estatuto obliga a la industria a que un 10% de su consumo anual provenga de este tipo de contratos para poder beneficiarse de las ayudas del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Hasta 600 empresas beneficiarias

El Gobierno pretende con estas medidas reducir la brecha competitiva entre España y mercados homólogos como Francia o Alemania. Se considera consumidor electrointensivo aquel que tiene un consumo anual de 1 gigavatio-hora, una intensidad energética superior a los 1,5 kilovatios-hora, que pertenece a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima y que realiza al menos el 50% de su consumo en horas valle.

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Con estos requisitos, el Gobierno estima que podría haber 600 empresas beneficiarias con un consumo de unos 40.000 gigavatios-hora al año, el 25% de ellas (153) en Catalunya. Otras comunidades como Galicia o Asturias cuentan con 31 empresas y 19 empresas potencialmente beneficiarias, respectivamente. En el País Vasco son 44 y en Madrid, 19.

El borrador será publicado este martes en audiencia pública durante siete días, después pasará al Consejo de Estado con trámite de urgencia –proceso que durará entre dos o tres semanas— para posteriormente ser aprobado por el Consejo de Ministros.