Las raíces del estallido social que vive el campo español

Las cargas policiales en una protesta de agricultores en Don Benito (Extremadura), las manifestaciones de olivareros en Jaén o los tractores marchando por las calles de Madrid han sido los últimos episodios de un estallido de rabia que se lleva cultivando desde hace décadas en el campo español. Los bajos precios que perciben los productores agrícolas se traducen en estrechos márgenes de beneficios y estos, a su vez, se traducen en bajos salarios para los trabajadores del sector. Pues el salario mínimo es uno de los sueldos más frecuentes en el campo español y las últimas subidas no han estado exentas de polémica. "Ha sido la gota que ha colmado el vaso", afirma la presidenta de ASAJA Barcelona, Rosa Pruna.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al 2018, unos 157.700 trabajadores del sector agrícola a jornada completa, el 34,5% del total, cobraban menos de 1.047 euros brutos al mes. Una cantidad equivalente a la penúltima subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, en 14 pagas; 1.050 euros si se divide en 12. Dicho incremento de sueldo, por un lado, o de costes laborales para los empresarios, por el otro, ya ocasionó diferentes conflictos laborales en varios puntos de toda España a lo largo del 2019.

En Catalunya, sindicatos y patronales del campo llegaron hasta en dos ocasiones hasta el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) para solicitar una interpretación clara sobre cómo debía aplicarse la subida. El sueldo de los 35.000 temporeros que anualmente pasan por los campos catalanes, y a los que se les aplica directamente el salario mínimo, dependían de ello; según datos de ASAJA. El TLC acabó fallando, tanto en el caso del convenio agropecuario, como el de la fruta, hacia la interpretación más favorable para los trabajadores. "Si nos pagaran lo que corresponde a los productores no habría ningún problema con el salario mínimo", afirma el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Caball.

Los trabajadores cualificados que cuidan y trabajan las granjas y campos catalanes rara vez cobran según el salario mínimo, según señalan las organizaciones del sector. No obstante, la subida del SMI provocó que muchos de estos pidieran también para ellos aumentos de sueldo. Lo que ha acotado un poco más los márgenes de los empresarios agrícolas.

El SMI no ha destruido empleo

Pese al aumento de costes para los agricultores-propietarios, la penúltima subida del salario mínimo no ha tenido un impacto negativo sobre el empleo. Así lo expresan tanto fuentes de CCOO consultadas como un reciente informe de la Cambra de Comerç de Barcelona. Este señala que la subida del SMI a 900 euros solo afectó negativamente al 10,7% del global de las empresas catalanas. Y, pese a que el sector agrario apuntaba como uno de los damnificados dentro de ese 10,7%, el análisis de la Cambra no lo refleja así.

El estudio presentado por la entidad empresarial el pasado miércoles diagnostica el impacto de la subida del SMI dividiendo los sectores (entre ellos el campo) y territorios entre aquellos donde el SMI es más frecuente y aquellos en los que es más infrecuente. Y el resultado revela que el diferencial de crecimiento entre unos y otros bajó en el 2019. Es decir, no solo la subida del SMI no tuvo un impacto negativo, sino que permitió muy ligeramente recortar diferencias a aquellos sectores o territorios donde es más frecuente.

En el periodo 2016-2018, los sectores o territorios con una alta cobertura crecieron al 4,5% y los de baja cobertura lo hicieron al 2,2%; lo que deja un diferencial de 2,3 puntos. Y, en el 2019, con la subida del SMI a 900 euros ya en vigor, el crecimiento de los primeros fue del 2,5% y el de los segundos del 0,3%; dejando un diferencial de 2,2 puntos; una décima menos de distancia.