19 feb 2020

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proceso judicial

Todos los gregarios de Pescanova

La Audiencia Nacional retoma el juicio contra la excúpula de la empresa que presidió Manuel Fernández Suosa

Lara Graña

Manuel Fernández de Sousa, el expresidente de Pescanova.

Manuel Fernández de Sousa, el expresidente de Pescanova.

Entre el año 2007 y abril del 2013 Pescanova SA realizó un imponente esfuerzo inversor por más de 832 millones de euros. Quiso -y lo logró- entrar de lleno en el negocio de la acuicultura con granjas de salmón, langostino vannamei, rodaballo y tilapia para convertirse en una compañía con una estructura vertical inédita en el sector transformador pesquero global. Claro que no disponía de aquel dinero, que llegó la gran recesión, que las piscifactorías devoraban circulante -un rodaballo tarda 900 días en alcanzar un peso óptimo para su venta, si es que no enferma- y que no tenía manera de seguir financiándose con normalidad. Fue cuando pasó a la irregularidad, según el escrito de acusación del Ministerio Público, que desgrana un sinfín de prácticas anómalas con el objetivo de ocultar la situación real de la compañía: “No tendríamos límites para exponer estos hechos”, lanzó el fiscal Juan Pavía. Mañana se retoma el procedimiento en San Fernando de Henares (Audiencia Nacional) con la entrada en escena del “equipo de confianza” del expresidente Manuel Fernández de Sousa. Sin ellos, como también concluyó el informe forensic de KPMG -el mismo que detectó un pasivo no contabilizado de 1.939,9 millones de euros-, el exprimer ejecutivo de la compañía no pudo haber construido por sí solo una torre tan grande. O una gestión, hasta que no afloró la realidad, que parecía milagrosa.

Las cuentas remitidas a los inversores a través de la CNMV estaban falseadas o, como mínimo, eran incorrectas. Pero Pescanova enviaba al regulador una información, la de flujo de caja libre, que no pudo ocultar la paradoja. En el primer semestre del 2008, por ejemplo, la pesquera había generado por su actividad habitual 103,6 millones de euros, con una inversión en inmovilizado de más de 97 millones; en teoría quedaba margen, aún con una sencilla hoja de cálculo de debe/haber. Al año siguiente la foto ya mostró la incongruencia: declaró unos flujos de efectivo por 25,6 millones pero una inversión en inmovilizado superior a los 70. Y fue a más los dos ejercicios siguientes. Terminaría protagonizando el mayor concurso no inmobiliario de la historia empresarial española, con deudas de 3.700 millones de euros y números rojos de casi 800. “Llegamos a ser la cuarta pesquera del mundo; hoy sería la primera”, sigue pensando Fernández de Sousa, para quien la fiscalía pide casi tres décadas de prisión. No ha desmentido el uso irregular de las pólizas de factoring. “A nadie se le escapa que lo que hacíamos no era regular, estoy seguro que muchas empresas en España usaron el mismo sistema”. “Soy el mayor perjudicado, lo he perdido todo”.

Las declaraciones han sido intensísimas hasta ahora, con la única participación, de ese equipo de confianza, del exdirector financiero Antonio Táboas Moure, jubilado ya en el 2008. Es el directivo que Sousa defendió con más ahínco en su declaración. “Sin él hubiera desaparecido, conseguía el dinero para la empresa”. Fue menos elocuente respecto a Alfredo López Uroz, antiguo responsable de Administración, quien según la fiscalía tenía que conocer necesariamente la operativa que permitió a la pesquera disponer de 960 millones en líneas de factoring que, en realidad, eran un préstamo puro, sin correspondencia en facturas. Le seguirá Joaquín Viña Tamargo (auditoría interna), fichaje personal de Sousa que se encargaba del “control sobre el consolidado”. Allí no se desglosaban los resultados de las filiales –“no podíamos desvelar a la competencia dónde ganábamos dinero pescando, nos seguían”- y se borraban otras directamente de la estructura del hólding. Por causas diversas, como quiso justificar Sousa a preguntas de Pavía, incluso echando mano del secuestro del marisquero Vega 5 en la costa de Somalia y haciendo partícipe al Gobierno central, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero, de ocultar la subsidiaria mozambiqueña Efripel. Con Ángel GonzálezJosé Manuel GilAlfonso García Calvo y Carlos Turci se completará la toma de declaración de ese círculo directo de confianza; se exponen, en suma, a más de 50 años de prisión por falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales e insolvencia punible.

“No se hará. MF”

El 13 de enero del 2009 el administrador de empresas situadas fuera del mapa de filiales de Pescanova, como Medosan o Lafonia, Ismael Pérez Bugallo, pidió a la sede central información contable de una de ellas para remitirla al Ministerio de Industria. “Tenemos la obligación de informar sobre inversiones en el extranjero”. Solicitó a Álvaro Figueredo, César Mata, Joaquín Viña, Víctor Tarigo y Alfonso García Calvo abundante documentación sobre la sociedad Medosan.

Así consta en el informe de investigación forense de KPMG, que recoge correos remitidos y/o enviados por ejecutivos de la compañía. “¿Es conveniente dar toda la información que se pide?, preguntó Tarigo a Manuel Fernández de Sousa ese mismo día tras el primer correo electrónico. “NO [la mayúscula es literal]. Esperar. MF”, respondió. Frente a esto, Pérez Bugallo se remitió directamente al presidente de la multinacional el mismo día, 28 minutos después de su contestación. “Como sabes tenemos la obligación de declarar las inversiones en el extranjero mediante el modelo D5A antes del 18 de enero”, que es la declaración de inversiones exteriores. “No se hará. MF”.

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