26 feb 2020

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fiscalización

Boí Taüll: rescate al límite

El Govern avaló en noviembre pasado el proceso de gestión pública de la estación de esquí, cuestionado por la Intervención

Avançsa no exigió a la sociedad explotadora 1,7 millones tras rescindir esta unilateralmente el contrato de administración

Agustí Sala

Uno de los telesillas de Boí Taüll llega a su destino final.

Uno de los telesillas de Boí Taüll llega a su destino final. / RAMON GABRIEL

"Nos dejaron colgados a un mes y medio de comenzar la temporada de esquí", recuerda Joaquim Ferrer, secretario de Empresa y presidente de Actius de Muntanya, la sociedad pública titular de la estación de Boí Taüll, en relación a la rescisión unilateral del contrato de gestión de las instalaciones por parte de Parcs Turístics de Muntanya (PTV), del Grupo Nozar, en octubre del 2018.

Así justifica que la Generalitat pasara a gestionar unas instalaciones que ya eran de su propiedad desde el 2014 sin cumplir del todo con el procedimiento "en tiempo y en forma", por motivos de emergencia. Eso, asegura, se fue subsanando posteriormente. De hecho, un acuerdo del Govern del pasado 12 de noviembre pasado validó todo el proceso y dio por cumplidas las advertencias de la Intervención General, que cuestionó en un informe la operación de la sociedad participada al 100% por Avançsa, dependiente de la Conselleria d'Empresa, por incumplimiento de la normativa. 

En el informe encargado por la Interventora General e incorporado en el plan de actuación anual aprobado por el 'vicepresident' Pere Aragonès, se reprochaba a la empresa dependiente de la 'consellera' Àngels Chacón que no exigiera a la sociedad que explotaba las instalaciones que pagara los 1,7 millones en inversiones pendientes tras cancelar unilateralmente el contrato firmado para el periodo 2015-2019. Esa suma incluye el canon anual de 75.000 euros que debía pagar la empresa explotadora y las inversiones a la que se había comprometido. 

La Intervención consideraba que ello suponía un perjucio para la arcas públicas por ese importe. Ferrer explica que se realizaron gestiones posteriores mediante daciones en pago con fincas que han hecho que la suma pendiente ascienda a 725.000 euros y que se ha llevado a cabo una demanda incidental para subsanar que esa cantidad no se incluyera en la lista de acreedores.

El informe se produjo después de que los dos representantes de la direcció general de Patrimoni, dependiente de Economia, protestaran por la decisión del consejo de administración de Avançsa, con mayoría de miembros de la Conselleria d'Empresa; de aceptar la renuncia del contrato de de gestión sin reclamar las inversiones comprometidas

El análisis de la Intervención destaca que el consejo de Actius de Muntanya "era conocedor de los incumplimientos de los compromisos de financiación previstos en el contrato y de la situación manifiesta de desequilibrio financiero de la sociedad PTV, que de forma expresa se hacía constar en las cuentas anuales por parte de la sociedad auditora". A pesar de ello, según el estudio, no se adoptaron medidas preventivas, lo que refleja como mínimo, "un exceso de confianza".  

La Generalitat se convirtió en titular de la estación de esquí en el 2014, después de que la sociedad, en concurso de acreedores, se la cediera a cambio de cancelar su deuda de 7,3 millones con el Institut Català de Finances (ICF). La idea era garantizar la continuidad de una explotación esencial para la economía de la comarca. 

En ese momento, la estación de esquí pasó a depender de Ferrocarrils de la Generalitat (FFGC), que ya es titular de otras instalaciones similares. A su vez se creó la sociedad Actius de Muntanya (AM), participada en su totalidad por Avançsa, dependiente de la 'Conselleria' d'Empresa. En la actualidad se ha formalizado un nuevo convenio con Ferrocarrils para que explote las instalaciones.

Una vez hecha la reestructuración del 2014 se firmó un contrato de gestión con la empresa PTV, del mismo grupo que cedió la titularidad a la Generalitat que establecía un alquiler anual de 75.000 euros durante el periodo 2015-2019. También se estableció el compromiso de invertir 3,2 millones a repartir al 50% entre la empresa pública y la sociedad gestora. Nozar incumplió el contrato.