Pimec y Foment se alían contra la ley de cámaras que prepara el Govern

Malestar y preocupación. Las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball han acordado actuar de forma conjunta porque están preocupadas por el contenido de la futura ley de cámaras de comercio en la que trabaja la Conselleria d'Empresa, departamento que supervisa estos organismos empresariales. Uno de los aspectos que ha disparado todas las alarmas tiene que ver con el intento de otorgar a las entidades camerales el papel de representatividad de las empresas, algo que corresponde por ley a las organizaciones empresariales, como sucede con los sindicatos en la parte laboral, destacan desde las dos entidades.

Y hay más puntos que generan inquietud en esta regulación, cuyo trámite quedó paralizado con intervención de la Generalitat en el 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución: la posible financiación directa o indirecta de estas instituciones por parte de la Generalitat; y la posible duplicidad de funciones con respecto a las que llevan a cabo las patronales, lo que se traduce en una competencia apoyada desde el sector público. Ante este escenario, los presidentes de Pimec, Josep González; y de Foment, Josep Sánchez Llibre, han encargado elaborar un documento con alegaciones y enmiendas.

Reunión

"Hay coincidencia en lo que respecta a actuar de forma conjunta", destacan tanto el presidente de Pimec como el secretario general de Foment, David Tornos. Este miércoles se produjo un encuentro entre Gonzaléz y el secretario general de Pimec, Antoni Cañete; y Sánchez Llibre, Tornos y el jefe de gabinete del presidente de Foment, Jordi Casas, en el que se ha sellado este acuerdo. 

El objetivo es hacer llegar a la titular de Empresa, Àngels Chacón, este documento. La preocupación patronal tiene mucho que ver con la mayoría independentista que controla la Cambra de Comerç de Barcelona, encabezada por Joan Canadell como presidente que, a su vez, lo es también del Consell de Cambres, un organismo que ganará peso con la reforma legislativa prevista por el Govern. Este organismo ha planteado una propuesta de ley que resalta tanto la "representatividad" de las cámaras como la necesidad de "dotarlas de los instrumentos y financiación pública" (...)

Fondos públicos

Uno de los objetivos de la nueva ley es "impulsar un nuevo modelo cameral fundamentado en la prestación de servicios a la empresa" (...), según la memoria del anteproyecto elaborada por Empresa. Para paliar la pérdida de ingresos que supuso la desaparición en el 2010 del recurso cameral permanente, de carácter obligatorio, se propone que "el origen de los fondos pueda ser público o privado, si bien los fondos públicos procedentes de la Generalitat dependerán de las disponibilidades presupuestarias".

Con estas medidas, en teoría se combinaría el papel de la cámaras catalanas como prestadoras de servicios a las empresas y a la vez su función destinada a "desplegar funciones jurídico-públicas en ámbitos como la simplificación administrativa, la economía digital, la mejora de la regulación económico-empresarial, el asesoramiento para la creación de empresas, tramitación y gestión de programas de ayuda", según la memoria.

Desde Foment y Pimec temen que se trate de convertir a las cámaras catalanas, especialmente a la mayor de las 13, la de Barcelona; y al Consell de Cambres en una especie de brazo de la Generalitat para determinadas políticas, como la internacionalización.

Presiones

Las patronales quieren evitar que la 'consellera' Chacón, una de las representantes del Govern mejor valoradas por los patronos, se vea atrapada entre las presiones del Consell de Cambres y Presidència, que está en sintonía con las tesis de esta organización.

También preocupa la coincidencia entre Chacón y Canadell en cuanto a suprimir o dejar en la mínima expresión el peso de las empresas que pagan por disponer de plaza en el pleno (en la Cambra de Barcelona son actualmente 14 de un total de 60 vocalías). Se teme que esta sea una vía para blindar en la norma aportaciones públicas para las cámaras.

De hecho los recursos de forma indirecta ya se dan desde la presidencia de Artur Mas en la Generalitat, que para paliar la pérdida de los ingresos por las cuotas obligatorias, estableció diversos encargos que garantizaban flujos de ingresos a las cámaras.