Transporte
Los taxistas mantienen la amenaza de huelga para el MWC
El gremio del taxi admite, sin embargo, que existe "buena sintonía" con la Administración catalana
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
Gabriel Ubieto
El pulso entre el sector del taxi barcelonés y la Administración catalana sigue su curso y la amenaza de huelga para los días de celebración del Mobile World Congress (MWC) persiste encima de la mesa. Si la feria de móviles más importante del mundo transcurrirá entre protestas deberá esperar y ambas partes se han dado un nuevo plazo de 15 días para avanzar en un posible acuerdo. Desde el gremio del taxi con una mano exhiben "buena sintonía" con la Administración y con la otra le exigen medidas para seguir poniendo coto a la actividad de multinacionales como Cabify, ya que, según sostienen, estas no están cumpliendo con la normativa y "la calle está caliente".
Así lo ha defendido ante los periodistas el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que ha dado un nuevo plazo de 15 días a la Administración catalana para que efectúe modificaciones en la aplicación de la actual normativa. "Los vemos comprometidos como el primer día, pero queremos fechas", ha declarado Álvarez. La opción de que una legión de capos negros y amarillos colapse del 24 al 27 de febrero algunas de las principales arterias de la ciudad, como ya ocurrió en enero del año pasado, sigue en pie.
Dos exigencias le han puesto los taxistas a Generalitat y Área Metropolitanta de Barcelona (AMB). Por un lado, la obligatoriedad de que los coches con licencia VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) lleven pegatina distintiva y número de licencia. El objetivo es que las autoridades puedan certificar más rápido si todos en el sector cumplen con el 50% de vehículos en descanso los fines de semana y el 20% entre semana. Y, por el otro, que acelere la Generalitat y el Ministerio de Fomento la coordinación de sus sistemas de registro electrónico de los viajes realizados por las VTCs.
"Estamos donde estábamos"
La Administración catalana, por su parte, ha insistido en que están trabajando para que todo el mundo cumpla con la normativa aprobada el año pasado y que "los taxis hagan de taxis" y las "VTCs no hagan de taxis"; según han defendido el secretario de infraestructures i mobilitat del Govern, Isidre Gavín, y la presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) y 'regidora' de Movilidad, Rosa Alarcón. "Estamos donde estabamos", es el mensaje que le ha querido mandar Gavín al sector del taxi. Aunque "han aparecido dificultades", también ha reconocido.
Govern y Ajuntament le han ganado otros 15 días de margen a los taxistas, tras el primer ultimátum que estos les lanzaron el pasado 3 de enero. Con el 22 de enero como nueva 'fecha límite', las autoridades han prometido tener coordinado y funcionando un sistema integrado de control electrónico de Generalitat y Fomento en "semanas o meses", según ha manifestado Gavín. "Intensificaremos la comunicación con el sector" y "trataremos de ser más efectivos", ha prometido Alarcón; que, no obstante, ha afirmado que la línea de actuación será en esencia la misma que hasta ahora.
Multas a Cabify
La Generalitat y el Govern han insistido en que las empresas que operan en el mercado están cumpliendo con la actual normativa y las que no están siendo multadas por ello. Gavín ha hecho público que un total de 54 expedientes sancionadores contra Cabify han finalizado esta semana su proceso administrativo y se han traducido en 32.454 euros de multa a la multinacional, que, no obstante, puede recurrir por la vía jurídica. Las sanciones, a 601 euros cada una, han sido impuestas, con voluntad ejemplarizante, a la compañía Prestige & Limousine, la firma empresarial bajo la que opera Cabify en España.
La Autoridad Metropolitana, por su parte, también ha hecho público que hasta la fecha a interpuesto un total de 259 multas a un número indeterminado de empresas, y que estas oscilan entre los 300 euros y los 1.000 euros. Fuentes de la AMB no pudieron concretar el importe total.
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