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Cuentas públicas

Bruselas prepara una revolución de sus reglas presupuestarias

Se estudia acabar con los exigentes objetivos de deficit y ceder el protagonismo a la deuda pública

El plan pasa por fijar un horizonte realista en el que poder situar la deuda en el 60% del PIB

Rosa María Sánchez

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. / AFP / FREDERICK FLORIN

La política presupuestaria no solo debe encajar en la Constitución Española, con su artículo 135 que lleva a la obligación del 'déficit cero' y de una deuda máxima del 60% del PIB en el 2020, imposibles de cumplir. Además, y por encima de esto, la política presupuestaria de España y de todos los estados miembros debe encajar en las reglas comunitarias (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, PEC) hasta el punto de que la UE puede vetar las cuentas de un país y multarle como estuvo a punto de sucederle a España en el 2016.

La Comisión Europea trabaja en un plan para, a lo largo del 2020, simplificar las normas presupuestarias de la eurozona con el objetivo de hacerlas más fáciles, comprensibles y predecibles. Está sobre la mesa una reforma a fondo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), símbolo de las políticas de austeridad a ultranza a las que acusa de haber contribuido a agravar la última recesión económica, con sus recortes.

El diario británico Financial Times tuvo acceso en agosto a un documento interno redactado en Bruselas en el que se bautizaba al plan como “SGP 2.1” (por la sigla en inglés de Pacto de Estabilidad y Crecimiento 2.1) y se apelaba a una “importante simplificación del sistema” de reglas presupuestarias. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se refirió a la necesidad de una “profunda revisión” en un discurso pronunciado el 31 de agosto: “La complejidad que este marco ha ido adquiriendo con el tiempo es excesiva, lo que dificulta la transparencia en su aplicación, su ejecución y, en última instancia, su cumplimiento”. Según De Cos, la consecuencia más evidente de ello ha sido el “carácter procíclico” de la política fiscal en numerosos países, con exigencias de austeridad en momentos de crisis y, al revés.

Según han relatado a EL PERIÓDICO fuentes que están participando en este proceso de revisión de las reglas presupuestarias en Bruselas, la idea es sustituir el actual esquema de objetivos de déficit por un horizonte temporal realista en el poder situar la deuda pública del país en el  60% del PIB. Una vez fijado ese horizonte temporal, se periodificarían las metas anuales de déficit público y de regla de gasto que permitan cumplirlo. El nuevo modelo, más sencillo, encuentra su justificación en un momento en que ningún país de la eurona tiene un déficit considerado "excesivo" (por encima del 3% del PIB).

En la actualidad, el nivel de la deuda pública española supera el 95% del PIB. Según viene publicando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en los documentos periódicos de su ‘Observatorio de la deuda’, en un escenario realista ésta no podrá situarse en el límite del 60% del PIB antes del 2035, dentro de 15 de años. Eso, si la política presupuestaria colabora con este objetivo y se toman en marcha medidas para equilibrar el sistema de pensiones. Si no, la deuda española podría superar el 130% del PIB en el 2050.

Partiendo de un nivel de deuda actual del 95% del PIB y tomando como posible meta un objetivo del 60% en 2035, por ejemplo, el nuevo modelo llevaría a programar una reducción de la deuda de 2,3 puntos de PIB por año. En un contexto de muya  bajos tipos de interés (con ahorros en los gastos derivados de la deuda pública) esta senda parece menos exigente que la que se deriva del marco actual, que impone a España una reducción de su déficit estructural del 0,65% del PIB cada año. Solo en el 2019 el Gobierno espera haber reducido la deuda en 1,5 puntos (del 97,6% del PIB del 2018 al 95,9% previsto para el 2019).

“Si esto es así desaparecerían las actuales sendas de déficit y probablemente la interpretación de la Constitución Española debería adaptarse a este nuevo espíritu de las reglas europeas”, aventuran estas fuentes que, así, relativizan el incumplimiento constitucional que se avecina en el 2020, del artículo 135 de la Carta Magna.