El Govern prevé que el Estado siga ganando peso como acreedor hasta el 2022

El Estado seguirá aumentado su peso como acreedor de la Generalitat al menos hasta el 2022, cuando este alcanzará el 87,7% del total, su récord desde que se cerraron las puertas de los mercados para la administración catalana y el resto de comunidades autónomas. Así lo reconoce la Administración catalana en una presentación hecha este mismo mes a inversores actuales y potenciales y en la que prevé cerrar el actual ejercicio con un crecimiento del 2,2%, que se reducirá hasta el 1,9% el año que viene, frente al 2,6% del 2018, lo que supone un contexto de desaceleración.

A partir del 2023, está previsto que la parte de deuda correspondiente al Estado empiece a bajar, aunque solo lo hará hasta el 87,4% del total, lo que supone una enorme dependencia financiera. En la actualidad más de tres de cada cuatro euros del pasivo de la Generalitat, que asciende a 71.988 millones de euros, corresponde a los distintos mecanismos establecidos para la financiación de las comunidades, desde el fondo de liquidez autonómica (FLA) a la facilidad financiera, sistema en el que entró el año pasado tras cumplir con el déficit.  

Cuando se produjo el cambio en enero de este año, el 'vicepresident' y 'conseller' d'Economia, Pere Aragonès, destacó que Catalunya avanzaba hacia la "sostenibilidad financiera". Dejar el FLA no significa dejar de depender del Estado sino hacerlo a través de otro fondo, el de Facilidad Financiera, aunque el objetivo en un futuro es financiarse en los mercados.

Según Aragonès, esta decisión significaba una "señal de salud financiera" de la Generalitat. Por lo pronto, el Ejecutivo catalán se verá forzado a prorrogar las cuentas del 2017 por tercer año consecutivo a la espera de que se ratifique un acuerdo entre ERC y los Comuns, que ya se ha alcanzado en materia de ingresos, con una subida del IRPF a las rentas de más de 90.000 euros y alzas en el tributo que grava las sucesiones, entre otras.

Para el 2020, el Ejecutivo autonómico prevé solicitar al fondo de facilidad financiera  un total de 10.224 millones de euros, frente a los 7.998 millones del 2019, según la misma presentación a los inversores. De esa suma, la mayor parte, 10.099 millones, serán para cubrir vencimientos de bonos, plazos de créditos a largo plazo y devolver cantidades de los mecanismos de liquidez del Estado, que en el 2020 supondrán 7.681 millones. Eso supone que en torno al 80% de los recursos que la Generalitat ha de devolver corresponden a mecanismos de liquidez del Estado. No se prevé ni un euro poara cubrir déficit porque este el año que viene tiene que ser 0.  

De todas formas se trata de un sistema de financiación que resulta atractivo ya que en lo que respecta a la facildiad financiera, el interés aplicado este año asciende al 0,656%, por debajo del 0,846% del FLA, en el que están incluidas aquellas autonomías que incumplen el objetivo de déficit establecido.

La Generalitat destaca que en el periodo 2011-2018 redujo su deuda a corto plazo y que en el último trimestre del 2018 refinanció 2.774 millones a corto plazo y los transformó en pasivo a largo. "Este cambio en la estructura de la deuda hace la Generalitat menos vulnerable a los riesgos dfe tipos de interés y de refinanciación", agregan. A su vez añade que "los mecanismos de liquidez permitarán a la Generalitat moverse en la mimsa dirección en el 2020".

El mayor volumen de devoluciones y vencimientos de deuda para el 2020 se producirá en enero, con un total de 2.736 millones, seguido de febrero, con 2.498 millones y julio, con 2.002 millones, en los que la mayor proporción corresponderá a mecanimos de liquidez, con 2.720 millones, 1.375 millones y 1.958 millones, respectivamente.

El 'vicepresident' Aragonès se impuso como principal objetivo cumplir con los objetivos financieros para ganar credibilidad de cara poder recurrir a los mercados en el futuro. En este sentido, en agosto pasado ordenó adelantar el cierre presupuestario del año, que normalmente se hace en noviembre, lo que implicaba que, salvo excepciones, solo se podían pagar las obligaciones ya contraídas (inversiones), los gastos de funcionamiento (como los de personal), y el suministro de los servicios básicos de la Generalitat (como sanidad y educación). Además deretó un recorte del gasto en los departamentos del Govern y en las empresas públicas.

El objetivo es cuadrar las cuentas y no incurrir en un déficit mayor del fijado por el Estado para las comunidades autónomas (0,1%, aunque Aragonès ha pedido al Gobierno que retome el límite del 0,3% que propuso y tumbó el PP en el Senado).