El Govern retrasa el pago a los funcionarios del grueso de los pluses salariales de este año

El grueso de los funcionarios de la Generalitat de Catalunya deberá esperar hasta el 2020 para cobrar los incrementos salariales extras pactados para este año. Una subida salarial equivalente al 0,25% de la nómina para los trabajadores públicos de la autonomía catalana y cuyo coste total para el erario público asciende a 13,7 millones de euros. El acuerdo entre la 'conselleria' de Polítiques Digitals i Administració Pública y los sindicatos lleva firmado desde el mes de enero, pero el 'como' no se ha concretado hasta una reunión de este viernes: 2 millones de euros para este año y los 11,7 millones restantes deberán esperar al próximo y serán vía pensiones.

Y el resultado no ha sido fruto de la entente, sino precisamente del desencuentro; tal como se ha plasmado en la Mesa General de la Funció Pública (MEPAG), celebrada este viernes. Las centrales con representación mayoritaria exigían a la 'conselleria' encabezada por Jordi Puigneró que el pago fuera lineal y efectivo en su totalidad antes de finalizar el año y los planes de la Generalitat iban por otros derroteros.  "No se puede paralizar todo por la falta de acuerdo", han defendido fuentes de Administració Pública, haciendo uso de los mecanismos legales que así se lo habilitan.

La hoja de ruta de la administración catalana pasa por dedicar dos millones de euros a los incrementos retributivos directos de un total de 5.263 empleados de diferentes categorías, que por cuestiones organizativas que se arrastraban desde hace años percibían diferentes pluses salariales o nóminas de entre las más reducidas. Desde los sindicatos no es que rechacen el fondo de la medida, pero sí el planteamiento, ya que consideran que los problemas estructurales los han de resolver con aportaciones directas, no vía fondos adicionales.

Y los 11,7 millones de euros restantes se aplicarán en las nóminas funcionariales como complementos a la pensión y su desembolso deberá ser aprobado en el Consell Executiu del Govern. Lo que, tal como asumen desde la 'conselleria' de Puigneró, dilatará los plazos hasta el año que viene. Desde los sindicatos lamentan que Administració Pública no haya convocado la MEPAG hasta el mes de diciembre. Los funcionarios de la Administración General del Estado comenzarón a cobrar retroactivamente este 0,25% en julio.

A la espera de Europa

Otro elemento de debate (y desencuentro) que ha tenido lugar en la MEPAG de este viernes ha sido cómo resolver las altas cotas de interinaje que registra la Administración en general, y la catalana en particular. Unos 54.000 interinos están actualmente empleados en la Generalitat, lo que representa el 24% de la plantilla, entre funcionarios y personal laboral, según detallan fuentes de la 'conselleria' de Polítiques Digitals i Funció Pública. Y la ausencia de novedades ha sido el resultado de la reunión.

Desde el sindicato IAC, con representación mayoritaria, han exigido a la ‘conselleria’ que se paralicen las convocatorias de plazas públicas pensadas para la estabilización de plantillas; 30.000 en los próximos tres años y con el objetivo de dejar bajo el 8% el peso del interinaje. Entre otros, esperan a la sentencia que emitirá presumiblemente en enero el TJUE sobre si en la Administración española existe un abuso o no del interinaje y si, para remediarlo, es legítimo la conversión directa de temporal a fijo de aquellos casos en los que se acredite el abuso. Desde la 'conselleria' se han comprometido a no celebrar ningún examen de oposición hasta que se haga pública la sentencia, pero descartan el término paralizar.

Las conclusiones del Abogado General de la UE sobre este caso, que suelen anticipar la sentencia, consideraron que sí existía abuso del interinaje con los volúmenes actuales (casi 800.000 interinos entre todas las administraciones españolas); pero que esto no era motivo suficiente para la conversión directa. Pues esta sería contraria a los requisitos de libre publicidad y concurrencia que exige el ordenamiento jurídico español. En el mismo sentido lo interpretaron previamente en septiembre los servicios jurídicos de la Generalitat y así se lo han transmitido a la IAC. "La 'conselleria' no se ha movido en ningún momento, que dejen de dar falsas esperanzas a los interinos", afirman desde la IAC.