Torra y Canadell exigen la transferencia de activos del Estado a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, exigieron este viernes al Estado la "transferencia de activos a la Generalitat" como una forma de compensar la falta de inversiones realizadas en los últimos años en Catalunya. El presidente de la Generalitat se alineó con Canadell a la hora de remarcó que el "intolerable" el déficit inversor del Estado en Catalunya, "que se ha convertido en un problema estructural y por eso el debate se sitúa ya en el ámbito de la soberanía". Por ello, opinaron que una manera de compensar las inversiones no realizadas en los últimos años sería que grandes infraestructuras como puertos, aeropuertos y redes ferroviarias pasasen a titularidad catalana.

Según un estudio de la Cambra de Comerç presentado este viernes, las infraestructuras catalanas requerirán al menos de 45.000 millones de euros hasta el 2030 para mantenerlas actualizadas. El presidente de la institución, Joan Canadell, exigió la transferencia a la Generalitat de los "correspondientes recursos económicos o los activos equivalentes, para evitar por todos los medios posibles generar una espiral de promesas presupuestarias incumplidas".  Torra, que asistió a la presentación del estudio, apoyó la propuesta de Canadell y agradeció el trabajo realizado por la Cambra como base para apoyar las negociaciones con el Estado. El 'president' reconoció que en ocasiones tiene "dificultades a la hora argumentar" ese evidente déficit de  inversiones: "Estamos compitiendo contra un Estado en contra", afirmó. 

Como consecuencia de la falta de inversiones en los últimos años y la necesidad de impulsar nuevos proyectos, la Cambra de Comerç de Barcelona calcula que la inversión bruta debería de ser de unos 3.800 millones de euros anuales entre el 2019 y el 2030, con un volumen total de inversión acumulada de 45.333 millones de euros a lo largo de todo el periodo. Esta inversión incluye el 2% de depreciación consecuencia del coste necesario para el mantenimiento de esos activos en funcionamiento. Esa inversión necesaria debería repartirse entre las tres administraciones públicas (Estado, Generalitat y administraciones locales) y los sectores empresariales tanto públicos como privados.

Según los cálculos de la Cambra, el Estado ha dejado de ejecutar en Catalunya unos 8.000 millones de inversión entre el 2001 y el 2018. El impacto económico de esta inversión la estima el estudio en un 3,3% del PIB y la creación de unos 111.500 puestos de trabajo. Según la Cambra, "Catalunya es, con diferencia, el territorio del Estado más perjudicado por la distribución territorial de la inversión en infraestructuras y, además, esta situación se ha agravado en el reciente periodo de recuperación económica". Según el estudio, a Catalunya le correspondería una inversión pública equivalente al 19% del total según la aportación del PIB español, pero recibió solo el 12%. Como consecuencia critica que "Catalunya está perdiendo posiciones en el reparto de la inversión estatal tras la crisis, pese a ser una de las economías que ha liderado la recuperación gracias al impulso exportador y del sector turístico, precisamente dos sectores intensivos en el uso de las infraestructuras de transporte". 

Obras prioritarias

Las obras prioritarias en Catalunya requerirán según este estudio de la Cambra unos 15.200 millones de euros. Entre esas inversiones destaca la mejora de la red viaria (con unos 5.230 millones), la red ferroviaria (5.270 millones) y aeropuertos (1.880 millones de euros).  

Si se compara la posición de Catalunya en recepción de inversiones con relación al PIB, su posición está claramente entre la comunidades autónomas a la cola de la clasificación de España. Madrid sería la autonomía más perjudicada, con un déficit mayor, más de siete puntos por debajo de lo que le correspondería. Catalunya se situaría con un déficit del 3,1% y el País Vasco (3,8%). Las comunidades autónomas que han recibido más inversiones en infraestructuras con respecto de su PIB son Castilla la Mancha (4,9% de superávit), Galicia (4,7%) y Castilla-León (4,2%). Estas diferencias responden en gran medida a las decisiones de política económica tomadas en los últimos años para el reequilibrio territorial entre zonas más ricas y más pobres de España.

El estudio de la Cambra recuerda que la falta de inversión en infraestructuras supone también un impacto microeconómico, "con consecuencias directas sobre la calidad de vida de la población causadas por la congestión de la red viaria, accidentalidad por falta de ejecución de actuaciones o los retardos por incidencias en la red ferroviaria, especialmente en cercanías.