La subasta que viene

El Gobierno persigue que las renovables supongan un 42% del uso final de la energía y un 74% de la generación en 2030, por lo que prevé impulsar su instalación a través de un nuevo modelo de subastas. El factor clave será el precio de la energía, pero también se abrirá la puerta a la posibilidad de ponderar criterios de carácter tecnológico, geográfico o prestacional. 

Así lo avanzó esta semana el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, durante el Congreso APPA Renovables. Tras aprobar el nuevo modelo, el ministerio publicará un calendario plurianual con las convocatorias que de predictibilidad a los interesados para no jugárselo todo a una. «Eso es lo que hace que suban mucho los precios», explicó Groizard.

En las nuevas subastas se pujará por el precio de la generación, en vez de por la rentabilidad de la inversión, pero también se abre la puerta a realizar convocatorias por tecnología (solo eólica o solo fotovoltaica) o, incluso, por combinaciones (fotovoltaica con almacenamiento o fotovoltaica con eólica). Aunque para esto último se necesita un cambio de reglamento.

También el factor geográfico podrá ser tenido en cuenta para impulsar instalaciones en zonas donde hay una necesidad de actividad tras el cierre de centrales térmicas o si hay una necesidad concreta de energía en una zona determinada. Y la prestación, por ejemplo, renovables que puedan generar tres horas por la noche (se podría presentar una eólica, pero también una solar con baterías).

La tecnología, geografía y prestación son los tres principales criterios que podrán incluir las nuevas subastas, aunque habrá otros como, por ejemplo, la participación social. Así, el nuevo diseño desplegará la posibilidad de incorporar estos nuevos factores en las convocatorias que se celebren a partir de su entrada en vigor, pero también se podrán basar solo en el precio.

La nueva regulación, «guardada en un cajón» del ministerio de Transición Ecológica a la espera de que haya un nuevo Gobierno, según la ministra Teresa Ribera, trata de adelantarse a las necesidades futuras en plena transición energética, porque la situación actual no es la misma que la que habrá dentro de cinco años, pero siempre estableciendo una garantía mínima anual de 3.000 megavatios.

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Más de 8.000 MW

Las últimas subastas datan del año 2016 y 2017 cuando se adjudicaron más de 8.000 megavatios renovables que deberían estar instalados antes del 31 de diciembre de 2019. Hasta el momento hay instalados ya 3.000 megavatios. El resto, «la mitad está en condiciones y la otra mitad estará en plazo», según el director de operación de Red Eléctrica, Tomás Domínguez. «Hay un porcentaje que renuncian, que no van a llegar», advirtió.