05 ago 2020

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Leyes económicas y sociales

El Govern menos productivo de los últimos 15 años

El CTESC, órgano consultivo formado por patronales y sindicatos, revisa este año el menor número de proyectos de ley socioeconómicos desde el 2004

Gabriel Ubieto

Reunión del consejo de Govern, encabezada por el ’president’ Quim Torra.

Reunión del consejo de Govern, encabezada por el ’president’ Quim Torra. / Ricard Cugat (El Periódico)

El actual Govern de la Generalitat de Catalunya es el menos productivo de los últimos 15 años. Al menos es así en el terreno socioeconómico y laboral, tal como refleja la poca actividad consultiva que recibe el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Este organismo, compuesto por las patronales y sindicatos más representativos del país, tiene la función de revisar la acción política del Ejecutivo catalán y desde los departamentos liderados por JxCat ERC llevan dos años surtiéndole de poco trabajo.

El CTESC nació en el 2002, bajo el espíritu de la concertación social y con el objetivo de fiscalizar la acción del Govern y sugerir potenciales mejoras que contaran con un amplio consenso de los actores económicos del país. El Ejecutivo tiene la obligación de remitirle todos los anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y de decreto que se enmarquen en los ámbitos socioeconómico, laboral y ocupacional; tal como explica su presidente, Lluís Franco. Este año ha tramitado un total de 10 dictámenes, que probablemente serán 11 antes de finalizar el año. La cifra más baja desde el 2004. En el ejercicio 2018, marcado por la resaca posterior a la aplicación del artículo 155, la cifra fue todavía inferior, con un total de siete dictámenes aprobados.

Desde el Departamento de Presidència declinaron realizar valoraciones sobre el saldo normativo que refleja el CTESC y se remitieron a la Conselleria de Treball, que admitió que "si hay menos actividad normativa de todo el Govern es normal que haya menos dictámenes".

Un año marcado por la falta de presupuestos

"Hemos tenido un poco menos de actividad que otros años", reconoce prudente Franco. La media de dictámenes elaborados por el CTESC, según las cifras públicas del organismo, es de 21,8 al año; el doble. "Los empresarios preferimos poca normativa, pero que sea buena, aunque está claro que hace falta reforzar la agenda económica y social", comenta el secretario general adjunto de Foment del Treball y representante de la patronal en el CTESC, Salvador Guillermo. Lo que, en su opinión, se reflejaría en más dictámenes del organismo. Un déficit de actividad legislativa que se traduce también en otras instituciones, como el Parlament, donde este 2019 de momento solo se han aprobado ocho leyes. La media desde el 2002 es de 17,1.

Uno de los elementos que explica, en parte, la escasa actividad del CTESC en cuanto a dictámenes es la falta de unos presupuestos (en la axctualidad están prorrogados los del 2017). La revisión de los mismos es una de las funciones clásicas del CTESC y a su vez condiciona el tipo de proyectos legislativos que pasan por sus manos. Este diciembre está previsto que entre a trámite un nuevo dictamen, vinculado al reglamento para el despliegue de la Renda Garantida de Ciutadania; un elemento que precisa de nuevas dotaciones de recursos, según remarca el representante de CCOO en el órgano, Ricard Bellera.

La falta de unos nuevos presupuestos implica que los proyectos normativos que llegan al CTESC son de corte regulatorio o para reordenar legislaciones ya en vigor, según señala el dirigente de la patronal PimecMoises Bonal. Los dos casos de mayor relevancia que el organismo ha revisado este año, según coinciden las diferentes fuentes consultadas, dan fe de ello: la ley sobre el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono o el anteproyecto de ley para la facilitación de la actividad económica. Dos medidas que no implican una inversión de recursos desde las diferentes 'consellerias'.

Recomendaciones para no cumplirse (de momento)

El CTESC compensa la falta de dictámenes con la elaboración de informes sobre temas candentes de la economía catalana. Este año han presentado varios, sobre la productividad del sector industrial, una radiografía del trabajo autónomo o uno sobre las políticas de apoyo a las familias. Su ponente, la representante de UGT Pepi García, se lamenta de que las recomendaciones finales consensuadas entre los actores tengan pocas posibilidades de ser tomadas en cuenta por el Govern. Consensos como el incremento de servicios de la dependencia, así como la cuantía de las prestaciones o reducir los tiempos de espera para percibirlas son elementos que deberán esperar. "Cualquier actividad para tirar adelante el país necesita de unos presupuestos", afirma García.  

El CES, también paralizado 

La parálisis institucional también es un fenómeno que vive el Gobierno de España y sus organismos fiscalizadores. El homólogo del CTESC en todo el Estado, Consejo Económico y Social (CES), no registra números de una mayor actividad. En lo que va del 2019 ha aprobado un total de cuatro dictámenes, cuando la media desde el 2002 (por comparar el mismo periodo que el CTESC) es de 8,1. De hecho, la actual presidencia del CES se encuentra vacante, a la espera de la formación de un nuevo Gobierno que nombre al sucesor de Marcos Peña, que dimitió el pasado 24 de abril de este año. La sindicalista de UGT, Mari Carmen Barrera, es la actual presidenta interina.

El hasta entonces máximo dirigente del organismo abandonó el cargo tras acumular cinco años de prórroga y un total de 13 ejercicios como presidente. Desde el 2014 estaba pendiente de renovación, pero las diferentes elecciones (con doble repetición electoral en el 2016 y la última del 2019) y la falta de estabilidad presupuestaria interfirieron en el proceso. Desde el 2015, cuando el CES emitió 14 dictámenes, dicho organismo acumula magros registros. Dos en el 2016, uno en el 2017, seis en el 2018 y los cuatro de lo que va del 2019.  El último dictamen que ha emitido el CES es sobre la transposición de una normativa europea referente al "fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas", según reza el texto.