Pensiones

La OCDE pide a España subir las cotizaciones de los autónomos

Indica que una mayor aportación a la Seguridad Social contribuiría a la sostenibilidad del sistema y mejoraría las pensiones de los trabajadores por cuenta propia

trabajador-autonomo

trabajador-autonomo / periodico

Eva Cantón

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mientras la reforma de las pensiones engrosa la lista de tareas pendientes del próximo Gobierno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apremia a España a subir las cotizaciones de los trabajadores autónomos, no sólo para mejorar su jubilación sino para contribuir a la sostenibilidad del sistema.

En el análisis de la situación española que figura en el informe sobre las pensiones presentado este miércoles, el organismo con sede en París pone de relieve que “mejorar las perspectivas generales de las pensiones requiere que todos los ingresos se traten de la misma forma”.

En concreto, reclama que los trabajadores por cuenta propia paguen sus contribuciones a la Seguridad Social “basándose en los ingresos reales y no en los declarados”. Como los autónomos pueden elegir libremente su base de cotización, el resultado es que más del 70% aportan una contribución “mínima” y se “generaliza”  la costumbre de declarar menos de lo que realmente se ingresa.

“Un autónomo que trabaje a tiempo completo gana un 69% de lo que gana un trabajador por cuenta ajena, cuando este porcentaje en la OCDE es de una media del 84%”, indica el análisis. La situación del trabajador autónomo empeora porque legalmente puede cotizar menos que un asalariado y por lo tanto su pensión será más baja cuando abandone el mercado laboral.

El organismo dirigido por Ángel Gurría recuerda que en los países donde los autónomos no están obligados a cotizar como los trabajadores por cuenta ajena, sus pensiones están entre las más bajas. En el caso de España, es el 42% de la pensión de un asalariado con un nivel de ingresos similar. Solo Japón, México y Holanda tienen un dato peor. La media de la OCDE se sitúa en el 79%.

Por regla general los autónomos cotizan menos que los trabajadores por cuenta ajena con los mismos ingresos. El alto grado de discrecionalidad a la hora de fijar la base contributiva es uno de los factores que explica su menor contribución a la Seguridad Social, debilitando la sostenibilidad del sistema.

“Las reformas de los sistemas de pensiones que mitiguen las disparidades entre los trabajadores convencionales y los no convencionales en cuanto a cobertura, cotizaciones y derechos garantizarán una protección más justa, reducirían las desigualdades y facilitarían la movilidad de los trabajadores”, señala el estudio.

Curva demográfica

La situación de los autónomos no es el único talón de Aquiles. La OCDE sigue alertando del riesgo que supone para su estabilidad el progresivo envejecimiento de la población porque, de cumplirse las proyecciones de Naciones Unidas, en el 2050 España tendrá 78 personas de más de 65 años por cada 100 de entre 20 y 65 años, cuando hoy esa ratio es de 33 mayores por cada 100. La curva demográfica ejerce por tanto una gran presión sobre la financiación de las pensiones.

Entre los aspectos positivos que menciona el informe, figura que los españoles mayores de 65 años disponen de una renta igual a la del 95% de la población, superior a la media de la OCDE situada en el 87%.

Además, incluso si se recupera el factor de sostenibilidad, la tasa de reemplazo –indicador del grado de adecuación entre los ingresos de la vida activa y los de la jubilación- seguirá siendo alta, del 83%, por encima del 59% de media en la OCDE.

El estudio añade que los cambios recientes en el mercado laboral pueden afectar a los ingresos de los futuros pensionistas porque el nivel de paro sigue siendo alto y muchos trabajadores tienen empleos temporales –uno de cada cuatro- o por cuenta propia –uno de cada seis- aumentando el riesgo de cobrar una pensión insuficiente.

Por otro lado, advierte de los efectos negativos que puede tener haber dejado en suspenso medidas como el índice de revalorización o el factor de sostenibilidad .