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El Govern suprime trabas a la implantación de energías renovables

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Agustí Sala

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Una década después, el Govern se ha decidido por suprimir las trabas que frenaban el crecimiento de las energías renovables en Catalunya por un decreto del 2009. Se trata de una medida ampliamente demandada por el sector y las patronales.

El Ejecutivo catalán, a instancias de la 'consellera' d'Empresa, Àngels Chacón, ha aprobado un nuevo decreto ley que, además de derogar el anterior aprobado durante la etapa del tripartito, permitirá tramitar proyectos eólicos o solares en un plazo de unos 13 meses.

La nueva norma supone un cambio de filosofía: en vez de acotar la implantación de parques eólicos a las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) que se decidían por concurso público y las instalaciones solares a polígonos industriales y zonas agrícolas, tanto unas como otras se podrán ubicar sin limitaciones, pero cumpliendo las normativas urbanísticas, ambientales y demás. Las ZDP fracasaron y solo se mantiene vigente la de la Terra Alta, encabezada por Naturgy (antigua Gas Natural) junto con Alstom, que se encuentra encallada a nivel administrativo.

El mapa que delimitaba las áreras geográficas donde implantar estas energías también se deroga, pero se mantienen las zonas rojas, sometidas a protección especial.

Ventanilla única

Una de las novedades de la nueva regulación es la creación de una ventanilla única en la dirección general de Energia para iniciar los trámites y la constitución de una ponencia de energías renovables para realizar consultas previas a la tramitación de los proyectos con un plazo de respuesta de tres meses como máximo.

La reformulación de la normativa permitirá romper el corsé que afectaba a las energías renovables en Catalunya, cuyo peso en el 'mix' energético se limita al 8,5%. De hecho, la comunidad pasó de ser pionera a situarse a la cola de las autonomías en aportación de las fuentes limpias a la producción de energía.

En la actualidad, la potencia eólica instalada en Catalunya es de 1.200 megavatios (MW) y la solar fotovoltaica, de 300. El objetivo para el 2030 es que la primera llegue a 4.000 MW y la segunda, a 6.000.

Aunque la implantación de renovables está prácticamente paralizada desde hace 10 años, la auténtica necesidad de llevar a cabo cambios regulatorios para faciltar su implantación no llegó hasta el 2017, según fuentes del Govern. De hecho, en este periodo la actividad se ha visto afectada por cambio de regulación a nivel estatal, modificaciones en su retribución y por la crisis económica.

Especulación

La Generalitat, que ha rescatado algunos aspectos del decreto del 2009, asegura que esa normativa estaba pensaba para una etapa en la que dominaba la especulación. Por eso los límites tan estrictos a la implantación de energías renovables.

Ahora se ha optado por una fórmula en la que "se abre el territorio a la implantación de estas energías sin dejar de preservar la normativa urbanística y medioambiental".

La idea del Govern es que el proyecto de decreto ley se apruebe por el Parlament hacia Navidad. El Ejecutivo catalán está confiado en obtener los apoyos suficientes ya que este cambio regulatorio contó con seis mociones y una resolución de la cámara catalana

La Generalitat asegura que su decisión situará a Catalunya en plano de igualdad competitiva con el resto de autonomías y espera un crecimiento importante de proyectos de pequeños parques de renovables y de autoconsumo. La administración catalana tiene competencias para autorizar parques de hasta 50 MW.

El objetivo más ambicioso del Govern para el 2050 es llegar a 36.000 MW de potencia instalada fotovoltaica y 12.000 de eólica. 

Satisfacción de las patronales eólica y solar

Las patronales solar, Unef; y eólica, Eoliccat, han mostrado su satisfacción por el decreto ley aprobado por el Govern. Consideran que la derogación de la normativa anterior, que aplauden también patronales como Pimec, "da respuesta a una larga demanda del sector" y a a la vez resulta "imprescindible" para "abordar la situación de emergencia climática que han decretado el Govern y el Parlament de Catalunya.