Inquietud empresarial, no alarma

La clase empresarial ha recibido con recelo el principio de acuerdo de coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Pero parece que no, con alarma. Al menos, por el momento.

La bolsa española cerró la semana pasada con una caída del 1,4%, que no es exagerada. Sobre todo sufrió el sector de la banca, aquejado por las dudas sobre nuevos impuestos al sector. La entidad pública Bankia, pendiente de privatización, perdió el 6,1%. La prima de riesgo subió ligeramente hasta los 77 puntos, pero lo cierto es que el bono a 10 años sigue cotizando en zona de mínimos históricos, por debajo del 0,5%. 

Hay incertidumbre. Pero “hay que ser muy cauteloso, hay que esperar”, aconseja el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, porque aún no se conoce el alcance del acuerdo político.  “Los inversores no temen al PSOE. Es un partido que ha estado gobernando muchos años y aunque se pueda estar más o menos de acuerdo con sus postulados, se conoce su acción de gobierno”, explica Carbó. 

Las dudas se ciernen sobre todo en torno a la capacidad de influencia que podrán tener el posible vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y los posibles ministros de Unidas Podemos en la acción de Gobierno.

No obstante, las primeras negociaciones sugieren que el PSOE conservará el control de la gestión económica y que las competencias asignadas a Podermos tendrán que ver más con las parte social. En el acuerdo fallido de julio Sánchez ofreció a Iglesias Vivienda, Sanidad e Igualdad. 

Antecedente presupuestario

Existen dudas, pero también hay algunas certezas de partida. El fallido proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 que pactaron PSOE y Podemos da la medida de lo que podría llegar al ser un nuevo pacto de Gobierno entre las dos formaciones de izquierda.

En aquel texto había una subida de impuestos que Hacienda cifró en 5.645 millones (lejos de los 80.000 millones que se teme en algunos medios empresariales para la legislatura) con un alza en el IRPF a partir de 130.000 euros y un tipo mínimo de Sociedades del 15% para grandes empresas. Además se creaba un impuesto sobre transacciones financieras del 0,2% sobre la compraventa de determinadas acciones y un nuevo tributo digital del 3%, además de una subida de la fiscalidad del diésel que no afectaba a transportistas. También había rebajas de impuestos para las pymes y de IVA, para algunos productos. Para disgusto de Podemos, no había un impuesto a la banca.

Son medidas que pueden concitar mayor o menor acuerdo —algunas de ellas, compartidas por la OCDE y la Comisión Europea—, o ser cuestionadas en el actual contexto de desaceleración económica, pero no son desconocidas.

Por el lado del gasto, el proyecto presupuestó medidas sociales que hacían subir el 4,5% las partidas, según las estimaciones del propio Gobierno. 

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), expresa su preocupación por algunas de las coincidencias entre los programas económicos de ambos partidos. “Coinciden en  subir el salario mínimo, aumentar los impuestos a  las empresas y a las personas físicas con determinado nivel de renta, modificar la última reforma laboral, o actualizar las pensiones en función del IPC, medias que sin lugar a duda  serian muy perjudiciales para nuestra economía”, opina la secretaria general del IEE, Almudena Semur. “Toda subida impositiva a las empresas que son el motor de desarrollo económico , mermará nuestro crecimiento. A la vez que desalentara la llegada de nuevas inversiones empresariales que buscaran mejor refugio”, concluye.

Compromiso con Europa

“Hay motivos de preocupación, pero me tranquiliza la mención a la estabilidad presupuestaria” incorporada en el texto del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias el 12 de noviembre, apunta Santiago Carbó. 

El texto es muy vago, pero en él se habla de “equilibrio presupuestario”, de “reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales” y de “responsabilidad fiscal de España con Europa”. En su primer punto, además, se habla de “combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”, sin más precisión sobre el futuro de la actual reforma laboral.

También es motivo de tranquilidad el anuncio de Sánchez de elevar al rango de vicepresidenta a la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. “No nos preocupa particularmente” que PSOE y Unidas Podemos hayan pactado formar Gobierno, dijo esta semana el consejero delegado de Vodafone en España, Antònio Coimbra, si se logra un Ejecutivo estable y además deja la gestión económica en manos de Calviño, añadió el directivo.