Siete años de la última huelga general

El despido por bajas justificadas, el último coletazo de la reforma laboral

El pasado jueves se cumplieron siete años de la última huelga general convocada por CCOO y UGT, con la gran mayoría de sus reivindicaciones todavía vigentes

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Gabriel Ubieto

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El pasado 14 de noviembre se cumplieron siete años de la última huelga general convocada por los sindicatos con representación mayoritaria entre los trabajadores de este país. Al margen de CCOO UGT, ha habido otras, principalmente organizadas a raíz de los 8-M o vinculadas con el 'procés' independentista catalán. La última de estas últimas, la del 18 de octubre del 2019, casi consigue aproximarse a los impactos en términos de consumo energético o participación de trabajadores de ese 14-N. No obstante, la huelga con más seguimiento de la última década continúa siendo la celebrada el miércoles 14 de noviembre del 2012, contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy y su reforma laboral.

Los sindicatos han capeado una crisis económica en ese mientras tanto y sus líderes sindicales, harto longevos, ya no son los mismos de aquel entonces. Unai Sordo (CCOO) sustituye ahora a Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez (UGT) hace lo propio con Cándido Méndez. No obstante, la reforma laboral por la que millones de españoles fueron a la huelga sigue vigente y el Tribunal Constitucional (TC) se encargó a finales de octubre de reavivar en la memoria de más de uno el porqué de dichas movilizaciones.

El TC avaló el pasado 29 de octubre que las empresas pueden aplicar un despido objetivo a un trabajador que acumule el 20% de jornadas de baja en un periodo de dos meses, aunque estas estén justificadas y siempre que sean intermitentes y no obedezcan a causas de enfermedad grave. No por la falta de novedad jurídica, pues la doctrina que avaló el TC hacía tiempo que imperaba en el Tribunal Supremo y, de hecho, el Constitucional ya había validado en bloque en la reforma laboral del PP, el fallo fue menos doloroso entre las centrales, los partidos de izquierdas y las entidades sociales.

Normalidad entre patronales

Las patronales, por su parte, reaccionaron con mensajes de normalidad a la sentencia; pues ven en el artículo 52, apartado D, del Estatuto de los Trabajadores una herramienta válida para atacar el “fraude en el absentismo”. Que no el absentismo, como se remarcó en su momento el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; evitando valorar el hecho de que la reforma del PP no distingue entre ambas cuestiones. Pimec, por su parte, consideró que esta "ayudará a corregir la problemática del absentismo, que supone un coste total de 1.155 millones de euros para las empresas de Catalunya", según afirmaron en su día fuentes de la organización.

No existe estadística oficial que recoja cuantos trabajadores han sido despedidos en relación con el artículo 52, apartado D, del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, diversas fuentes jurídicas consultadas coinciden en que este mecanismo puede afectar con mayor intensidad a las mujeres que a los hombres, pues ellas acumulan mayor número de bajas que los hombres. La primera en señalarlo fue la propia magistrada del TC María Luisa Balaguer Callejón, mediante su voto particular ante la sentencia.

Mujer y con oficio desgastante

Mujer y de oficio o bien estrictamente sedentario (como el de los centros de atención telefónica) o de esfuerzos rutinarios (como las cuidadoras o limpiadoras) es el retrato robot que dibujan los sindicatos. Las centrales son capaces de radiografiar con mayor precisión el impacto de ese artículo 52 entre los primeros.

La multinacional Atento, dedicada a la atención telefónica, despidió el pasado 6 de noviembre a la presidenta del comité de empresa de su centro de Lleida invocando dicha medida. Antes de la sentencia del TC, el 22 de octubre, era despedido el presidente del comité de empresa de Unisono, del mismo sector.  En dicha empresa llevan cuatro despidos en lo que va de año invocando dicho mecanismo. Y, en también otra del sector, en Konecta, van 55 ceses solo en Catalunya; todo según fuentes sindicales y las correspondientes cartas de despido. Según coinciden diferentes fuentes sindicales consultadas, ahora mismo su temor tras la sentencia del TC es que se produzca un “efecto contagio” y que las pymes comiencen a normalizar una práctica, hasta ahora no extendida en exceso entre las grandes corporaciones.