Anticorrupción pide al juez que impute a Francisco González por los pagos a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castallón que impute al expresidente del BBVA Francisco González por los pagos que la entidad hizo durante años al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado del 'caso Tándem' en el que se investigan las cloacas policiales-, por "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito".

González dejó de ser presidente a finales del año pasado, poco después de que se conociese la relación del banco con el expolicía, y abandonó temporalmente su presidencia de honor en marzo, tras confirmarse que la entidad había sido imputada en la causa. En un comunicado, el exbanquero ha manifestado este miércoles "su plena disposición a colaborar con la Justicia" y se ha remitido a otra nota que emitió en marzo, en la que defendió que la entidad actuó bajo su mandato "dentro de la más estricta legalidad", algo que habría que "deslindar (de) posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera".

La fiscalía también ha pedido la imputación de Juán Asúa, actual asesor principal del presidente del banco, Carlos Torres Vila, y exresponsable del negocio en España primero y de la unidad de banca corporativa y de inversión después, y de Eduardo Arbizú, responsable de regulación y control interno del grupo, que fue cesado después de la imputación de la entidad. Además solicita que declaren como investigados otros directivos actuales de la entidad, entre los que no está Torres Vila, según han confirmado a este diario fuentes jurídicas.

Recopilación de indícios

En febrero, el actual presidente prometió una investigación en profundidad, ya concluída y de la que se derivaron ceses como el de Arbizu y Antonio Bejar, al frente de Distrito Castellana Norte, aunque se ha dejado abierta por si surgen nuevas evidencias en la causa judicial, en la que se depurarán las responsabilidades penales. Al mismo tiempo, se mostró convencido de que González no tuvo nada que ver: "Él transmite una conciencia muy tranquila y que no sabía nada de las irregularidades. Yo le creo". 

Anticorrupción decidió no instar la imputación de González hasta tomar declaración a varios de los exresponsables de la entidad, como quien era su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, quien firmó los contratos suscritos con Cenyt, la empresa de seguridad del entramado empresarial de Villarejo, o de Béjar quien en su primera comparecencia en el Juzgado Central de Instrucción número 6 estuvo a punto de tener que aportar una fianza de medio millón de euros como garantía. Anticorrupción renunció a pedirla una vez comprobó su intención de colaborar con la investigación. Asúa fue su jefe directo durante una época.

Fianzas millonarias

Quien sí tuvo que hacer frente al pago de 300.000 euros fue Corrochano, a quien en una grabación telefónica se le oye decir que el "presi" le llamaba cada 10 o 15 días, en alusión precisamente a González, lo que lleva a pensar que estaba al corriente de esta operación. También está imputado el excosejero delegado Ángel Cano, entre otros exdirectivos del banco.

La investigación surgió del análisis de la documentación del banco e intervenida en los registros de propiedades de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, en noviembre de 2017, entre los que se encontraron los contratos firmados con el banco en las fechas en las que Sacyr trataba de hacerse con su control. 

Según Anticorrupción, los encargos asumidos por el entramado de Villarejo eran incompatibles con su condición de policía en activo y "habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria".

Así se enmarca el supuesto acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas, conductas que podrían ser constitutivas, según Anticorrupción, de "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". También investiga si exdirectivos del banco cobraron dádivas del excomisario para asegurarse los contratos.