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marco legal

Las dudas lastran el marco legal de la segunda oportunidad

Casi 4.000 personas en Catalunya han recurrido a los jueces para ser exonerados de sus deudas

Eduardo López Alonso

La jueza Amagoia Serrano y Alfonso Gómez, del consejo directivo de Refor, durante la jornada XV Fórum Concursal organizado por el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

La jueza Amagoia Serrano y Alfonso Gómez, del consejo directivo de Refor, durante la jornada XV Fórum Concursal organizado por el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Más de 3.954 personas en situación de sobre endeudamiento han solicitado en Catalunya acogerse a la ley de la segunda oportunidad, lo que representa el 50% del total en España. Pese a ello, la esperada avalancha de casos vaticinada en los últimos años no se ha producido, como consecuencia de la complejidad de los procesos y la lentitud de tramitación de los casos en los juzgados. 

Para complicar todavía más el trámite judicial, las dudas se han apoderado de los procesos en torno a la ley de segunda oportunidad tras una sentencia del Supremo y la aprobación el pasado verano de una directiva comunitaria que deberán aplicar los jueces en España en un máximo de dos años. Como novedad, la directiva especifica la posibilidad de que la exoneración completa de las deudas no implique la venta de la vivienda habitual en algunos casos (si la vivienda tiene un valor superior a la deuda) e incluso invalida el principio de buena fe, elemento básico en el que los jueces basaban la procedencia o no de exoneración de las deudas.

También este verano, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que los acreedores públicos deben ser uno más en los procesos y que de existir exoneración ésta debe ser total en el caso de las deudas con la Administración.

Como consecuencia, gana protagonismo el juez a la hora de conceder la condonación de deudas y la concesión final del denominado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). De su criterio depende en gran medida la mesura de las decisiones adoptadas y de la concesión del BEPI o no. 

La jueza del Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona, Amagoia Serrano, explicó este martes que la directiva europea "incorpora dos novedades importantes; la posibilidad de acceder a la exoneración pese tener mala fe y que la liquidación de bienes no afecte a la vivienda habitual, pero esto último con salvedades y a cambio de una ampliación de los planes de pago". Serrano reconoció, durante un acto organizado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, que las modificaciones introducidas por la directiva "parecen dirigidas exclusivamente a empresarios insolventes, excluyendo a las personas físicas que no tengan la condición de empresario", aunque también autoriza a los estados a extender esa exoneración de deudas a cualquier insolvente. 

El artículo 23.1 de la directiva establece que los estados podrán establecer periodos de inhabilitación más largos cuando el insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe en cualquier momento del proceso. Como consecuencia, Serrano recordó que la directiva europea  establece que "la buena fe no es un requisito para obtener la exoneración", aunque puntualizó que "la mala fe es la excepción que debe ser debidamente justificada" y que tendrá como consecuencia que los plazos para conseguir la exoneración sean más largos.

Reclamación 

El Consejo General de Economistas y el Col·legi d'Economistes de Catalunya reclamaron este martes una reforma de la ley concursal para adaptarla de manera urgente a la directiva europea de insolvencia y que vaya en la línea de impulsar mecanismos de alerta temprana ante impagos, regule los acuerdos de refinanciación y reestructuración y potencie el mecanismo de segunda oportunidad. En el XV Fòrum Concursal celebrado en Barcelona, el decano del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, destacó que el 40% de los concursos de personas físicas del 2018 se hicieron en Catalunya, "por el mayor desarrollo de los procedimientos de segunda oportunidad". 

El Consejo General de Economistas considera también que "existe una bolsa en España de insolvencias de economía sumergida que no se tramita a través de procedimientos legales, como el concurso de acreedores, a diferencia de otros países", lo que requiere una reforma urgente de la ley por parte del nuevo Gobierno.

Catalunya a la cabeza en segunda oportunidad

Catalunya está en el primer puesto por número de peticiones de exoneración, gracias en gran medida a que fue en Sabadell donde nació el primer despacho de abogados especialista solo en la ley de la segunda oportunidad, Repara tu deuda, que concentra en torno al 83% de los casos en los juzgados españoles. En opinión de Alicia García, socia y gerente de Repara tu deuda, el 85% de los casos gestionados son de personas físicas y el resto derivados de la mala marcha de un negocio. "Lo fundamental para la obtención del BEPI, o cancelación de la deuda que es lo mismo,  es que el deudor demuestre buena fe y voluntad de llegar a un acuerdo con los acreedores acorde a sus posibilidades económicas aunque estas sean muy mínimas, ya que en caso contrario los juzgados no aceptarían la tramitación del caso", explica García.

El gran problema, según la responsable del despacho de abogados Repara tu deuda, es el desconocimiento de la ley de segunda oportunidad y también el estigma que implica el fracaso en nuestro país, a diferencia de otros países europeos que han tomado el fracaso como una nueva oportunidad para empezar de nuevo tal y como sucede en EEUU. El despacho de abogados Repara tu deuda  confía plenamente que aumenten las peticiones en el futuro: "Incluso en algunos juzgados se están habilitando zonas para dar prioridad a estos casos de segunda oportunidad".

"No es un trámite complicado, pero desde que se inicia hasta que se dicta un auto pasan unos meses", señalan desde el despacho de abogados Repara tu deuda.  En España se han presentado 10.515 casos de los que Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. 

En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de siete años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año, por lo que la lógica apunta a que deberían aumentar y mucho las peticiones de exoneración en España en los próximos años.

El proceso

La ley de la segunda oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. No hay juicio ni el cliente tiene que ir a declarar. El procedimiento para acogerse a dicha ley se inicia con la solicitud de nombramiento de un mediador concursal, quien convoca a los acreedores y al deudor a fin de lograr un acuerdo extrajudicial de pagos. De no existir acuerdo, se tramita ante el juzgado competente un concurso consecutivo de acreedores que, de cumplirse con los requisitos legales, finalizará con la exoneración de las deudas, concediéndose el BEPI o lo que es lo mismo, la cancelación de la deuda.

Otro de los inconvenientes que resalta Repara tu deuda es la condición económica natural de los propios clientes, personas sin capacidad para acudir a un despacho de abogados tradicional y desembolsar una cantidad de dinero en concepto de provisión de fondos. Este hecho hace que muchos de los despachos de abogados no acepten casos por un tema meramente económico. Los demandantes del BEPI suelen ser familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas por impagos de tarjetas de crédito o mini créditos. Ese es el perfil de los particulares y autónomos que iniciaron los trámites para acogerse a la ley de segunda oportunidad.