Hacia una transición justa

El cambio climático es una realidad que ya pocos se atreven a cuestionar. El coste de la inacción supera con creces el de la inversión necesaria para combatirlo, según señala un reciente informe del Centro para la Acción Climática de Boston Consulting Group. Ignorar el problema, sostiene el estudio, tiene un precio muy alto, estimado en una reducción del PIB per cápita mundial del 30%, si no más, en el año 2100. Ante esta emergencia climática toca acelerar en el proceso de descarbonización de la economía y abordar una transición energética que, necesariamente, tiene que ser justa.

Esta es una de las conclusiones del debate organizado por EL PERIÓDICO y Acciona sobre cómo acelerar esta descarbonización, en el que han participado Pablo Alcaraz, senior manager del departamento de Regulación de Acciona; Salvador Samitier, responsable de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic; Luis Morales, responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Renovables; Alwine Woischnik, consultora independiente en materia de Transición eco-social y socio de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (Asyps) y Mario Giampietro, profesor investigador de ICREA y del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la UAB, y coordinador del proyecto Magic de la Unión Europea.

Una década para revertir la situación

La descarbonización de la economía debe hacerse más pronto que tarde, coinciden todos los ponentes. "Debemos acelerar y acelerar ya", sostiene Pablo Alcaraz, para quien ante este reto gigantesco todos debemos arrimar el hombro. "Todos vamos a tener que hacer mucho", añade. "Estamos a tiempo de cambiar el modelo energético", apostilla Luis Morales, quien, sin embargo, advierte de que la ventana de oportunidad se va cerrando con cada año que pase sin actuar. "Lo que no hagamos en la próxima década ya no podremos hacerlo después", sentencia el representante de la Fundación Renovables, quien subraya que es imprescindible que se moderen los consumos. "Ahorro, ahorro y eficiencia y después, renovables". Estas energías limpias, explica, "no están para añadir más oferta a un consumo desaforado".

Hay también consenso en que la mayor concienciación social puede ayudar a ese cambio de rumbo y en que esta transición energética no va de cambiar una tecnología por otra, sino que el cambio debe ser más profundo. "No se trata de hacer un ajuste al sistema. Es una oportunidad para hacer una economía más sensata, más justa y más equilibrada", argumenta Salvador Samitier. Una transición que, también para Alwine Woischnik, debe ser justa. A su juicio, no solo debe contemplar cuestiones económicas o ambientales, sino también sociales. "Hablamos de una transición eco-social". Mario Giampietro abona esta dimensión social pero se muestra crítico con el papel de los políticos europeos y las políticas que propugnan. "Tenemos un problema de gobernanza", afirma. En su opinión, hay un mundo entre lo que está suciediendo y lo que los políticos dicen que sucede.

Gran potencial para crear empleo verde

No siendo un reto fácil ni sencillo de afrontar, la transición energética es también una fuente de oportunidades. Para Alcaraz, los territorios y empresas que se lo están tomando en serio y que trabajan para ser los pioneros tendrán ventajas competitivas sobre el resto. En este sentido, destaca el propósito de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de implementar un 'Green New Deal', enfocado a que el continente europeo sea carbono neutral en el 2050. Líder en energías renovables, para España esta transición es especialmente interesante. No solo podrá exportar productos y servicios al resto de países, sino que tendrá efectos beneficiosos sobre el empleo. La OIT sostiene que por cada empleo que se pierda en combustibles fósiles se crearán cuatro empleos verdes. "España será el segundo país de la UE, después de Bélgica, en potencial de ese empleo", sostiene el representante de Acciona. En la misma línea, Woischnik defiende que, como se ha visto en el caso alemán, y, considerando el conjunto de los sectores económicos, la protección del clima no destruye empleo sino que lo crea significativamente. Para Morales, la transición energética es una oportunidad para reindustrializar el país -"que falta nos hace", dice- en base a criterios de economía circular y crear empleo verde.

Revisión del modelo impositivo

La fiscalidad es una de las principales herramientas con que se cuenta frente al cambio climático, sostienen todos los ponentes, con excepción de Giampietro, para quien esa idea de que las tasas lo solucionan todo no funciona. "Es momento de repensar si se puede hacer de otra manera. Tenemos muy poco análisis sobre quién, cuándo y cómo consume energía.", defiende.

Ley catalana de cambio climático, aprobada por unanimidad en el Parlament y recurrida por Estado, establece un impuesto a los vehículos en base a las emisiones de CO2 y otro para la emisión de gases de efecto invernadero a determinadas actividades económicas. Estos impuestos, explica Samitier, tienen carácter finalista, puesto que el dinero recaudado tiene que volver en actuaciones en materia de cambio climático. Pero el responsable de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic se muestra más favorable a una revisión global del sistema fiscal para adaptarlo a la realidad de hoy. "Si queremos que el 2050 sea neutro en emisiones, no podemos tener una fiscalidad con los parámetros de una industria del siglo XX", arguye.

Morales, por su parte, aboga por complementar el principio de quien contamina paga -con excepciones para evitar que se traslade un mensaje perverso de que el dinero todo lo puede-, con el principio de que "quien restaura, conserva y protege, cobra".

Alcaraz está convencido de que para que esta reforma fiscal tenga éxito es importante que la transición sea justa: "Hay que crear medidas específicas para aquellos colectivos y empresas que están más expuestos a estos cambios". En este contexto, Woischnik menciona un estudio reciente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), según el cual, el precio sobre el CO2 (para el transporte, edificios, etc.), previsto en el Plan Climático del Gobierno alemán, afectaría en un 1% a los ingresos netos de las personas con bajos recursos económicos, mientras que para las de altos recursos económicos significaría en promedio un 0,4% de sus ingresos netos.

También para Alcaraz el sector financiero tiene que dar un paso adelante y dejar claro que no financia proyectos que no tienen un objetivo sostenible o que financiarlos sale más caro.

Responsabilidad compartida

El futuro, defienden los ponentes, nos atañe a todos. "Todos somos corresponsables", asevera Morales quien, además de considerar inaceptable que España no tenga ley de cambio climático, aboga por un Pacto de Estado sobre la materia. Por su parte, el representante de Acciona pone en valor el papel de la empresa privada para movilizar en favor del clima. "Las empresas serán sostenibles o no serán", destaca, para agregar a renglón seguido que el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que España acaba de enviar a Bruselas, que lo valora como uno de los más ambiciosos dentro del conjunto comunitario, habla de unas inversiones de 236.000 millones de euros en un década, pero asume que el 80% va a ser inversión privada. Además, Alcaraz resalta la creación del Grupo Español de Crecimiento Verde, con más de 50 grandes empresas del país, y a nivel internacional el RE100, con más mas de 200 empresas, desde Google y Apple, a BMW y General Motors, que se han comprometido a que el consumo de su electricidad sea 100% renovable antes del 2050.