El juez imputa a FCC por pagar 82 millones de euros en comisiones en Panamá

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82,7 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de dos líneas del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá entre 2010 y 2014.

El magistrado explica en su auto que, aunque la compañía ya cesó a los directivos implicados y en mayo y junio presentó sendas denuncias en Anticorrupción con las facturas correspondientes a ese importe por servicios no prestados, la responsabilidad penal debe alcanzarla, porque "no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

De ahí que Moreno, que ya tomó declaración a los exdirectivos de la compañía implicados, haya extendido, a propuesta de Anticorrupción, la imputación a FCC Construcciones, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, que disponen de cinco días para designar un representante legal que será quien comparezca en el juzgado cuando sea llamado. 

La investigación se inició en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015. Según el juez, las mercantiles de FCC constituyeron un consorcio con la brasileña para participar en el concurso de obras panameñas.

Las autoridades suizas revelaron que altos directivos de FCC y personal de Odebrecht diseñaron un esquema de corrupción consistente en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el Metro que facturaban al doble de su precio. Con esos fondos pagaban dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá a través de sociedades pantalla. Suiza, además, informó del aviso realizado por un banco de Lugano sobre los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas, ya que habían detectado indicios de autocontratación entre ambas compañías. 

Denuncias de FCC

En mayo y junio, FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

El juez explica en su auto que la denuncia portada por FCC pone de manifiesto la participación de varios de sus altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua, durante los años 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

"Estas personas –añade el magistrado- que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva".

Las mercantiles, afirma, "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".