Condenada Iveco a pagar 40.000 euros a una empresa de transportes por el cartel de precios

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha dictado sentencia condenatoria contra Iveco, que tendrá que abonar cerca de 40.000 euros a un camionero en la que supone la primera sentencia en firme en España contra el conocido como 'cártel de los camiones'. Según ha informado el despacho Balms Abogados, al fabricante de camiones deberá abonar al demandante Kartín una indemnización por daños que asciende a cerca de 20.000 euros, además de otros 19.240 euros correspondientes a los intereses legales desde la fecha de compra del vehículo.

La resolución condena así a la compañía al pago de un 9% del precio de adquisición de cada camión en concepto de indemnización por el sobreprecio pactado por el cártel de fabricantes, a lo que se le añade también los intereses legales devengados desde la fecha de adquisición del camión hasta el completo pago de la condena.

La Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en el 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró 14 años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar totalmente la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto.

El mismo juzgado también ha dictado sentencia condenatoria contra MAN Truck & Bus, aunque en este caso la demandada ha recurrido, por lo que aún no puede considerarse como firme. Por el momento, se le condena "a indemnizar a Transportes Grumavi con la cantidad total de 7.875 euros, junto con el interés legal, que se contará desde el 31 de julio del 2007, así como al pago de las costas procesales", según recoge la sentencia.