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cuentas públicas

Una estructura sin Estado

El control del déficit en la Generalitat se ha apoyado en una inversión casi nula y la mejora de la recaudación por la salida de la crisis

Agustí Sala

El nuevo conseller de Economia, Pere Aragonès, llega a la conselleria.

El nuevo conseller de Economia, Pere Aragonès, llega a la conselleria. / FERRAN SENDRA

Gasto corriente de los servicios públicos fundamentales en los niveles del 2010. Ese es uno de los grandes hitos logrados por quien pilota las cuentas de la Generalitat, el ‘vicepresident’ Pere Aragonès, que heredó el testigo de Oriol Junqueras en la primavera del 2018, una vez levantada la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución. Pero, del objetivo de edificar estructuras de Estado se ha pasado a la pura gestión del día a día. 

Aragonès no se ha cansado de reclamar que se levante el control reforzado a las cuentas de la Generalitat que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decretó en noviembre del 2015. «Mantener este control después de dos años de cumplir con el objetivo de déficit no tiene sentido», afirman desde la Conselleria de Economia i Finances.

El cumplimiento del déficit se ha convertido en la obsesión del ‘vicepresident’, hasta tal punto que en agosto anunció el cierre presupuestario anticipado y un recorte de gastos del 6% en todo el sector público. El ejercicio anterior ya había tomado una medida similar. La idea del 'vicepresident' es mantener unas cuentas que reflejen buena capacidad de gestión de cara a una posible financiación en los mercados en el futuro, algo que la Generaltitat no puede hacer desde el 2012.  

La restricción es máxima, con los presupuestos del 2017 prorrogados todavía  y con la perspectiva de que así sigan durante más tiempo, ya que en la coyuntura política actual parece difícil obtener los apoyos necesarios.

FLA para pagar FLA

Tras varios años sujeto a instrumentos que facilitan la liquidez, en la actualidad, en torno al 70% de los recursos que la Generalitat ha de devolver corresponden a mecanismos de liquidez del Estado, sea por la vía del fondo de liquidez autonómica (FLA), del que ha podido salir este ejercicio gracias a cumplir el déficit; o del actual fondo de facilidad financiera.

En lo que queda de año, entre octubre y diciembre, la Administración catalana debe devolver 2.147 millones, de los que 1.247 millones corresponden a mecanismos de liquidez del Estado, según las cifras que al Generalitat entregó hace unas semanas a inversores.

Los más de 18.000 millones de gastos corrientes actuales de la Generalitat son prácticamente los mismos que en el 2010. Pero existe una enorme diferencia: el déficit que, entonces era de 9.100 millones o el 4,48% del producto interior bruto (PIB); y el año pasado fue de 1.025 millones o el 0,58% del PIB, por debajo del 0,6% estipulado. Más de 8.000 millones de recorte.

Y otra variable también es completamente distinta: las inversiones se han recortado en 3.696 millones durante este periodo de tiempo, lo que supone una rebaja del 45,8%; mientras que los ingresos han crecido en 4.365 millones, el 54,1%, especialmente como consecuencia de la mejora de la recaudación por la salida de la crisis. Esos han sido los pilares en los que se ha sustentado el control del déficit.

En el 2017, además del control reforzado de las cuentas, Montoro dio una nueva vuelta de tuerca al control financiero de la Generalitat al decretar la no disponibilidad de créditos presupuestarios, lo que afectaba al gasto no dispuesto, es decir, no comprometido todavía con terceros que solo excluía los servicios públicos fundamentales o lo servicios prioritarios, entre los que están la educación la sanidad o los servicios sociales. Inicialmente la medida suponía retener 470 millones de euros.

Fondo de contingencia 

De todas formas, entre octubre y diciembre, el Ministerio acabó revocando diversas partidas que se habían congelado previa petición expresa por parte de los departamentos afectados por razones de urgencia o necesidad y también se permitieron transferencias desde el fondo de contingencia.

De esta forma, a 31 de diciembre del 2017, el impacto definitivo del acuerdo de no disponibilidad afectó solo a 91 millones, el 0,3% del gasto no financiero total. Según fuentes de la Conselleria d'Economia, el mayor impacto de esta medida, finalmente fue de carácter "burocrático", ya que se incrementaron los trámites y el papeleo para cualquier acción.