Políticas de empleo

Barcelona Activa prioriza mejorar la calidad del trabajo con una comisión específica y 29 millones de euros

La entidad de políticas de ocupación del ayuntamiento de Barcelona aprueba un presupuesto de 55 millones de euros para el 2020

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Gabriel Ubieto

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El nuevo equipo del consistorio de la ciudad de Barcelona comienza su mandato en materia de empleo con la prioridad de mejorar la calidad de empleo, especialmente entre los colectivos más precarizados. Es decir, jóvenesmayores de 45 añosmujeres migrantes. Para ello Barcelona Activa, gestionada dentro del tándem Barcelona En Comú-PSC por los segundos, ha aprobado este viernes su presupuesto para el 2020. Este ascenderá a 55 millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a partidas específicas para potenciar la calidad de esa ocupación.

Y para pilotar esa inversión Barcelona Activa ha inaugurado una nueva comisión específica para cuestiones de empleo, la comisión de promoción de la ocupación de calidad y políticas contra la precariedad, liderada por Raquel Gil, proveniente de la UGT.  Para el próximo 2020 el presupuesto será de dos millones menos que el presente ejercicio. "Hemos realizado un cálculo más prudente este año de los recursos que nos llegarán del SOC [Servei d’Ocupació de Catalunya]", justifica Gil.

Las herramientas que potenciará esta nueva comisión para focalizarse en los colectivos más vulnerables dentro del mercado laboral serán diversas. Por un lado, Barcelona Activa prevé insistir en los puntos de atención al ciudadano, mediante las oficinas que tiene distribuidas por la ciudad. Una de las últimas en ser inauguradas fue en Nou Barris. Otro elemento que potenciarán será las clausulas sociales en las contratas públicas, para guardar incentivar o obligar a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de parados de larga duración mayores de 45 años.

Uno de los elementos pendientes de poner en marcha para lubricar la conexión entre Barcelona Activa y el SOC es la aprobación de la nueva ley del SOC, que permitirá mancomunar servicios a medio plazo entre administraciones e incrementar los intercambios de información, con el objetivo de reducir duplicidades. Algo que lleva desde el 2017 pendiente de aprobación parlamentaria y que desde la Generalitat tienen previsto poner en marcha durante el primer trimestre del 2019, según cuentan desde Barcelona Activa.