La duración de los contratos se desploma a su mínimo histórico: 49 días de media

La temporalidad no es una novedad en el mercado laboral español, aunque las formas que adquiere en el día a día de millones de trabajadores no permanecen invariables en el tiempo. Y la tendencia que revela la estadística oficial es que la eventualidad se está agudizando y enquistando entre determinados colectivos, que sufren actualmente con mayor intensidad que nunca este fenómeno. Este jueves el Servicio Estatal Pública de Empleo (SEPE) ha hecho públicas las cifras de duración de los contratos firmados hasta septiembre. Estos duraron de media 49,6 días, la cifra más baja en los primeros nueve meses del año desde que existen registros.

Los indicadores no revelan que la temporalidad, en relación a los contratos indefinidos, esté adquiriendo una dimensión sin precedentes. De hecho, el mercado laboral español todavía no ha recuperado los índices de trabajadores eventuales que tenía antes del estallido de la crisis. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del 2019, el 26,4% de los asalariados trabajaban con un contrato de duración determinada; frente al 29,3% registrado en el mismo periodo del 2008 o el 34,3% del 2006.

No obstante, la duración de los contratos de esos trabajadores eventuales se ha desplomado en los últimos tres lustros. En el 2006, la primera estadística que ofrece el SEPE, la duración media de los contratos era hasta septiembre de 79,7 días. Una cifra que se mantiene apenas sin variaciones hasta el estallido de la crisis y se agudiza tras la aprobación de la reforma laboral del PP en el 2012. La duración media era de 72,2 días en el 2009 y en el 2013 la cifra bajaba hasta los 53 días.

 "La reforma laboral del PP no modifica directamente la legislación para favorecer la temporalidad, pero sí alimenta la fragmentación de las grandes empresas, que externalizan muchos de sus servicios y permiten que relaciones antes indefinidas pasen a ser temporales", cuenta la secretaria de acción sindical de CCOO en Catalunya, Cristina Torre. Y la duración media de los contratos se ha desplomado por la vía de las vinculaciones más cortas, pues si los contratos de menos de una semana representaban en el 2006 el 14,5% de los firmados, en el 2019 dicho porcentaje escala hasta el 26,9%.

La OIT ya alertó en informes recientes de que la temporalidad va de la mano de peores condiciones y abona el campo para que florezca la pobreza laboral. Es decir, pese a tener un empleo el trabajador no gana lo suficiente para vivir con dignidad. Una realidad que la misma OIT señaló que afecta en España al 13% de los ocupados; siendo el tercer país con un mayor índice en toda Europa, solo por detrás de Rumanía y Grecia.  

"El declive de la industria y el tipo de servicios de bajo valor añadido que la han sustituido es uno de las causas", afirma el profesor de economía aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona Albert Recio. A lo que añade las persistentes altas tasas de paro, que merman la capacidad negociadora de los trabajadores y las bajas tasas de sindicación entre los jóvenes y los migrantes; los dos colectivos que mayores tasas de eventualidad arrastran.

La temporalidad afecta a todos los sectores

"No es solo una cuestión que afecte a empleos de bajo valor añadido, sino que también lo detectamos entre profesiones muy cualificadas", declara la secretaria de política sindical de UGT en Catalunya, Núria Gilgado. Los datos así lo revelan, aunque con matices, pues mientras el 97% de los contratos firmados por trabajadores sin estudios acreditados fueron temporales, dicho porcentaje baja hasta el 83% en el caso de los profesionales con estudios universitarios; según datos del SEPE.

Desde los sindicatos se exige al Gobierno una mayor inversión de recursos para la Inspección de Trabajo, ya que consideran que las altas cifras se explican debido al uso fraudulento que realizan algunas empresas de las fórmulas de contrato temporal. Con el objetivo de dotarse de una mayor flexibilidad en su planificación y abaratar costes mediante los obstáculos a la promoción profesional y el pago de antigüedades.