Hacienda ya tiene el aval de la Abogacía del Estado para pagar a las autonomías

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este miércoles que el Gobierno ya dispone del informe favorable de la Abogacía del Estado que permitirá aprobar "en dias" la entrega a las comunidades autónomas de los 4.500 millones pendientes por la actualización de las entregas a cuenta del 2019.

Así lo afirmó la ministra en una entrevista con la agencia Efe, en la que no quiso confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

A finales de agosto, la ministra justificó la no actualización de las entregas a cuenta a las autonomías por la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que consideraba ilegal que un Gobierno en funciones pudiera adoptar una decisión presupuestaria de esta naturaleza, con el argumento de que ello podría comprometer al futuro Ejecutivo.

Ahora, según ha avanzado la ministra, sí existe el aval jurídico de la Abogacía del Estado para liberar estos pagos, pero en su entrevista con Efe, Montero no desgranó los argumentos.

Anuncio "para nada, electoralista"

La ministra Montero defendió en cualquier caso haber tomado esta decisión ahora porque se acerca el final del año y las dificultades financieras son mayores para algunas comunidades, y aseguró que ni éste ni otros anuncios económicos hechos en los últimos días por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, son electoralistas.

"Para nada", dijo Montero, quien consideró que son determinados acontecimientos los que han llevado al Gobierno a acometer estas medidas o al líder socialista a anunciarlas.

Señaló así que "las cosas resultan urgentes cuando surgen", como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Reforma de la ley de financiación

Según Montero, con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación autonómica, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado. 

En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Consideró además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las citó, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

"Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos", insistió Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica.

Y que en esa norma, señaló la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobados los del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", concluyó.

Según la ministra, esta medida debe "marcar el camino" no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas