El Tribunal Superior de Justicia de Madrid empata para Glovo: sus 'riders' son autónomos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha dado un espaldarazo a Glovo en su batalla judicial por toda España en post de que los tribunales reconozcan su modelo laboral, basado en repartidores autónomos. El alto tribunal, en una sentencia hecha pública este lunes pero fechada el pasado 19 de septiembre, ha desestimado el recurso de un 'rider', que ya intentó, sin éxito, que un juzgado de primera instancia le reconociera que su relación con la empresa digital de reparto era propia de asalariados, no de un trabajador autónomo.

El magistrado madrileño ha desestimado el recurso planteado por el repartidor demandante, al considerar que este no ha podido aportar nuevas pruebas o que las revisiones solicitadas no se ajustan a los procedimientos jurídicos adecuados. En este sentido, la sentencia del TSJM no aporta argumentos jurídicos novedosos, sino que se reafirma en los del juzgado de primera instancia y deniega por fallo procesal el recurso del demandante. 

Inspección de Trabajo requiere a Glovo 3,8 millones de euros por emplear a falsos autónomos en BCN

La del TSJM es la segunda sentencia de un Tribunal Superior de Justicia en relación al modelo laboral de Glovo en España. La primera fue en el de Asturias, con fecha del 25 de julio de este año, y falló en contra de la empresa al considerar que los repartidores estaban encuadrados de manera incorrecta como falsos autónomos y que debieran estar contratados como asalariados. La sucesión de sentencias, desde juzgados de primera instancia hasta ahora ya instancias más altas, deja hasta la fecha un empate de nueve contra nueve.

Este partido de tenis a nivel judicial, en el que unas sentencias dan ventaja a Glovo y otras luego se la quitan, se reproducirá, como mínimo, en los próximos meses. No será hasta que uno de los casos llegue al Tribunal Supremo, cuando sus magistrados asentarán y unificarán doctrina.

Quién no ha tenido en los últimos meses ese debate jurídico ha sido la Inspección de Trabajo, que ha fallado de forma unánime en contra del modelo laboral de Glovo y le ha requerido, en consecuencia, alrededor de 12 millones de euros en sus actuaciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y otras ciudades de toda España.