Saracho sostiene que el Popular tenía pérdidas millonarias sin aflorar

Emilio Saracho, efímero y último presidente del Popular entre febrero y junio del 2017, ha sostenido este miércoles que, cuando asumió el cargo, el banco tenía pérdidas millonarias sin reflejar en sus cuentas. El banquero, que ocupó el puesto hasta la intervención de la entidad por las autoridades europeas y su venta al Santander por un euro, ha asegurado que ordenó retasar los activos inmobiliarios para conocer su valor real y con la esperanza de tener noticias positivas, habida cuenta de la mejora general del mercado inmobiliario. Sin embargo, ha apuntado, la reevaluación de los en torno a 80.000 inmuebles destapó tasaciones infladas y por tanto la necesidad de realizar millonarias provisiones para cubrir el deterioro del valor de los activos. 

El también exdirectivo del Santander, Goldman Sachs y JP Morgan ha inaugurado el turno de comparecencias ante el juez José Luis Calama de los imputados por la debacle del entonces sexto banco español con todo un dardo a la línea de flotación de su antecesor, Ángel Ron, a quien se investiga por una posible manipulación de las cuentas. Según fuentes jurídicas presentes en la sala, Saracho no le ha acusado directamente de inflar voluntariamente las tasaciones para ocultar las pérdidas, pero ha admitido que le "sorprendía" que estuvieran tan mal calculadas y ha afirmado que, de haber tenido tiempo, hubiera abierto una investigación interna para esclarecerlo.

Además, ha relatado como se sintió "sorprendido" cuando, poco después de tomar posesión, le preguntó a la directora de riesgos, Carmen Riveras, cuánto capital le faltaba a la entidad y esta le confesó que no lo sabía. La ampliación de capital del 2016, ha defendido, debía haber sido de 8.000 millones de euros, y no de los 2.500 millones que se captaron, lo que implica que hacían falta más recursos para cubrir la pérdida de valor de los activos. En este sentido, ha acusado al consejero delegado de su antecesor, Francisco Gómez, de ordenar dar créditos por valor de 400 millones a clientes para que comprar acciones en la ampliación, algo que es legal siempre que esas cantidades se descuente del computo de capital, cosa que no se hizo. 

Filtraciones

El ejecutivo, a quien se investiga por un posible delito de manipulación de mercado, también ha negado haber difundido noticias falsas sobre la situación del banco para hundir el precio de la acción y facilitar así su venta a un competidor. Ha admitido que se pudieron producir filtraciones ya que todo el consejo de administración conocía la mala salud de la entidad, pero ha rechazado ser el autor de las mismas. Asimismo, se ha escudado en un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que descarta que se produjeran inversiones irregulares para hundir la acción.

Así, ha negado tajantemente haber revelado a Ron, como este aseguró en el Congreso el año pasado, que su intención fuera realizar una "ampliación de capital a bajo precio o una transacción a bajo precio, y que si no lo hacía rápido montaría una tómbola", así como que su intención "era asustar, que iba a amenazar con estrellar el avión en la puerta del Banco Central Europeo".

El ejecutivo ha asegurado que tenía "pocas noticias buenas que dar", dada la situación de la entidad. En sus declaraciones públicas, ha asegurado, trató de informar cómo mejor pudo, pero los hechos se precipitaron, sobre todo después de que 'El Confidencial' publicase que había contratado a JP Morgan y Lazard para vender la entidad ante el riesgo de quiebra por la fuga de depósitos, una filtración de la que ha negado ser autor.