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Debate laboral

El TSJC juzga la subida del salario mínimo y si son absorbibles sus complementos

La patronal del tercer sector Dincat y los sindicatos elevan al alto tribunal catalán si los pluses salariales son absorbibles para calcular el pago del SMI

Gabriel Ubieto

Fachada del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona

Fachada del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona / ÁLVARO MONGE

Los centros de inserción laboral para personas con discapacidad en Catalunya, también conocidos como CETs, han llevado este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el debate sobre cómo debe realizarse el último incremento a 900 euros del salario mínimo interprofesional (SMI). Y le han pedido al alto tribunal catalán que dirima sobre una cuestión que también se ha juzgado en otras instancias, como es el caso reciente de la Audiencia Nacional: ¿El salario mínimo se entiende como salario base o son absorbibles los complementos para alcanzar esos 900 euros?

Este martes se han sentado en el banquillo una de las patronales del tercer sector, AEES Dincat, y los sindicatos UGT CCOO, que mediante demanda colectiva le han pedido al TSJC que arroje luz sobre esta cuestión para un sector especialmente vulnerable a la interpretación que acabe realizando. Pues en Catalunya hay actualmente 205 CETs en los que trabajan 16.333 personas, la mayoría con discapacidad y alrededor del 70% cobran el salario mínimo. El gran ausente en el juicio de este martes, aunque tampoco convocado, ha sido la Administración, pues entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo costean el 50% de ese SMI.
 
Sea cual sea la sentencia que acaben emitiendo los magistrados del TSJC, lo que evidencia el litigio es la extrema precariedad del sector, acuciada tras los recortes todavía no revertidos y efectuados por la Administración tras el estallido de la crisis económica. Según las tablas salariales del convenio, el plus en cuestión, el de antigüedad, puede ascender en un trabajador con el máximo de trienios (21 años) a 71 euros brutos al mes. Según cálculos de Dincat y mientras la Administración no aumente las subvenciones para costear la subida del salario mínimo, los CETs deberán acometer 1.600 despidos a corto plazo; y, al largo, sube la cifra a 10.000.

"Salario mínimo especial"

La defensa ha colocado el debate en una dimensión restrictiva para otros sectores y que, de decantarse los jueces por su versión, dificultaría que las conclusiones del TSJC fueran generalizables. Dincat se agarra a una disposición transitoria del real decreto que aprobó la subida del SMI, que exime a algunas empresas o administraciones de aplicar la subida a 900 euros por la vía ordinaria. Es decir, les permite no aplicarlo, siempre que ello no vaya "en perjuicio" de alcanzar los 900 euros. En su demanda Dincat ha calificado esos casos como de un "salario mínimo especial".
 
Los sindicatos han embestido contra esa construcción del relato de la defensa aprovechando un adjetivo que recoge la clausula. Ésta solo es aplicable "a cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada" y las centrales consideran que un convenio colectivo no es una relación entre privados, como si de un contrato se tratara. Será el juez quién deberá decidir sobre esta cuestión y sentenciar si es aplicable la tesis de la defensa en relación a ese "salario mínimo especial" o sí, por otro lado, la antigüedad es un complemento no absorbible y es deber de todo empleador partir de esos 900 euros de salario base.