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Falsos autónomos

Inspección de Trabajo multa con 8,1 millones de euros a 110 empresas cárnicas en Catalunya

La autoridad laboral aflora más de 7.000 falsos autónomos en mataderos, plantas de procesado y otros centros de trabajo durante un periodo de años

Gabriel Ubieto

Un piquete informativo durante una protesta en el matadero del Grupo Jorge en Mollerusa (Lleida).

Un piquete informativo durante una protesta en el matadero del Grupo Jorge en Mollerusa (Lleida). / Oriol Bosch (ACN)

Inspección de Trabajo ha aflorado en los últimos dos años un total de 7.263 falsos autónomos en la industria cárnica en Catalunya. Estos se concentraban en 110 empresas, a las que la autoridad laboral ha interpuesto requerimientos que juntos suman un total de 8,1 millones de euros en concepto de cuotas no pagadas a la Seguridad Social. Así lo revelan las actas de Inspección hechas públicas este lunes por CCOO de Catalunya.

Si bien el conflicto entorno a los falsos autónomos está últimamente vinculado a nivel mediático a las disruptivas empresas digitales de reparto, como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, esta trampa legal también tiene lugar en oficios tan antiguos como los de la industria de la carne. Este sector representa el 4% PIB de Catalunya y ocupa actualmente a 30.000 trabajadores. Y su peso a nivel de toda España es muy significativo, aportando, según datos de CCOO, el 40% de toda la producción del sector cárnico español.

La regularización de esos más de 7.000 falsos autónomos en Catalunya la ha hecho pública CCOO como resultado de una ofensiva sindical que, en muchos casos, ha llevado a cabo de manera conjunta o en paralelo con otras centrales, como UGT. Uno de los casos más emblemáticos, y de actas de liquidación de Inspección de Trabajo más cuantiosas, fue el que ya avanzó en exclusiva EL PERIÓDICO: el Grupo Jorge.

Este grupo empresarial aragonés fue obligado a regularizar a 1.616 falsos autónomos que trabajan en los dos mataderos que tiene en Catalunya a través de cooperativas de trabajo. Y la 'policía laboral' le exigió por ello 6 millones de euros. En dicho episodio la unidad de acción sindical no fue posible y CCOO y UGT firmaron acuerdos de regularización con la empresa por separado.

Esta ofensiva sindical comenzó en el 2017 por toda España y, según datos de CCOO, entonces se partía de una industria cárnica que empleaba a 21.000 falsos autónomos en todo el país. Dos años después y tras centenares de actuaciones de Inspección de Trabajo, se han regularizado a 19.500 personas; 7.263 de ellas en Catalunya.

El trasvase de trabajadores del régimen de autónomos, mediante falsas cooperativas de trabajo, al régimen general, no solo comporta unos mayores ingresos para las arcas de la Seguridad Social, sino también para los bolsillos de los trabajadores. CCOO cifra que de media un trabajador ha ganado el 30% de salario al pasar a regirse por el convenio sectorial, hasta un sueldo medio de 1.700 euros brutos.

A lo que cabe añadir las medidas obligatorias en materia de salud laboral, los descansos garantizados y una flexibilidad y horas extras limitadas; cuestiones no garantizadas bajo el régimen de autónomos. Y ello no ha comportado una disminución de la ocupación, según ha afirmado el responsable de la industria alimentaria de CCOO a nivel estatal, Vicente Canet. “El sector continúa creciendo en producción y empleo”, ha aseverado.

Inspecciones pendientes

Si bien CCOO cifra que la gran mayoría de trabajadores que estaban en un mal encuadramiento en el sector ya han pasado al régimen general, también ha reconocido que quedan algunas empresas donde todavía impera la práctica de las cooperativas de trabajo. Ascienden a alrededor de 1.500 personas en toda España y en Catalunya uno de los casos más conocidos es la BonÀrea. En su centro de producción de Guissona emplea, mediante cooperativas de trabajo, a entre 500 y 700 personas en régimen de autónomos. “Están denunciados”, ha afirmado Canet.

Y, pese a que 110 empresas en Catalunya ya han abandonado el empleo de falsos autónomos, algunas de ellas han optado por vías alternativas dentro de la legalidad para ahorrar costes. Una de esas prácticas es la creacion de empresas multi servicios, que permiten a las compañías elaborar un convenio de empresa y pagar por debajo del salario y condiciones establecidos en el sectorial. Algo censurado recientemente de manera pública y conjunta por Govern, patronales y sindicatos.