Las autopistas de Catalunya libres de peaje tienen un coste de 100 millones anuales

El coste de mantener las autopistas catalanas libres de peaje se acerca a los 100 millones de euros al año (99,2 millones) para la administraciones, según los cálculos que realiza la Generalitat de Catalunya. El ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, explicó la semana pasada en el Parlament que el coste de conservación de las vías de alta capacidad catalana --tanto de las del Estado como las de la Generalitat-- se sitúa entre 50.000 y 60.000 euros anuales por kilómetro. La red total suma 1.646 kilómetros, de los que algo más de la mitad (52%) pertenecen al Estado y un 46%, aproximadamente a la Generalitat. Un pequeño porcentaje (1,6%) es propiedad de las diputaciones. De ese gasto se hacen cargo las concesionarias en el caso de las vías de pago, pero retornaría al sector público en el caso de reversión de las concesiones, algo que ya está ocurriendo con las vías de titularidad central y está previsto en las de titularidad autonómica.

 El coste de mantenimiento es suficientemente elevado como para que las administraciones consideren las alternativas de conservación que no carguen el presupuesto público. Y en el horizonte aparece con mayor claridad el pago por uso –con diversos formatos posibles—como solución para afrontar el problema. “Es insostenible liberar el peaje en el tramo de la AP-7 que vence el próximo 31 de diciembre sin pensar cómo se financia el mantenimiento de esta vía”, destacó el ‘conseller’ en su comparecencia parlamentaria. 

La vuelta de la AP-7

De hecho vencen cuatro tramos de esa autopista que tiene algo más de 600 kilómetros de longitud y de la que hasta ahora tenían la concesión Aumar y Abertis. El coste anual de mantenimientos y conservación se acerca a 145 millones de euros al año, según explican fuentes de Abertis. De esos, cerca de 30 millones corresponden al tramo que discurre en Catalunya entre Tarragona y Castellón.  

De momento, parte de ese mantenimiento se lo carga el Ministerio de Fomento, al que pertenece la autopista. El Consejo de Ministros del 2 de agosto autorizó la formalización de cuatro contratos de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autopista AP-7 entre Salou (Tarragona) y Alicante. El contrato se divide en cuatro tramos (Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante), y entrará en funcionamiento a partir de la reversión al Estado de la gestión de estos tramos de autopista, prevista para el próximo 1 de enero del 2020. Su coste total asciende a 129 millones de euros y la duración del contrato es de dos años, prorrogables a cinco más. En el caso del tramo catalán de esa autopista se licitó el mantenimiento por un importe de 29 millones de euros. La discrepancia con las cifras de Abertis se debe a que el contrato de licitación corresponden al mantenimiento básico de esas vías, mientras que la concesionaria incluye en sus cifras trabajos ordinarios y extraordinarios de conservación y también el mantenimiento del tramo de la AP-7 Norte, que discurre entre Salou y la Jonquera y que no vence hasta el 2021.

¿Quién asume el coste?

La cuestión de fondo, no obstante, no es cuál es el coste, sino quién lo asume. Y para el Govern está claro que debe ponerse en marcha un sistema de viñeta, una tarifa plana por el uso de las vías, que permitiría generar los recurso con los que sufragar el gasto de mantenimiento y otros costes. Esta, además, es una de las conclusiones del grupo de trabajo sobre gestión y financiación del sistema de vías de altas prestaciones, que concluyó sus planteamientos el pasado mes de julio.  

El sistema propuesto pretende garantizar el uso idóneo de autopistas y autovías con la eliminación de las barreras de peaje --aunque no el pago-- y elimar las frecuencias en los itinerarios alternativos que se producen para evitarlas. El sistema propuesto se propone superar los agravios territoriales en cuanto a las diferencias de acceso a las vías de altas prestaciones. Asimismo, asignará recursos económicos liberados por la autofinanciación del sistema a la promoción del transporte público y permitirá ejecutar mejoras en la red, según las conclusiones presentadas en julio.  

Pese a las ventajas consideradas, ese sistema de gestión tiene que ser consensuado con el Gobierno central –La Generalitat no tiene competencia sobre todas las vías--, que igualmente considera necesario abrir un debate sobre cómo debe sufragarse el coste de las autopistas. El proceso electoral abierto, de momento, deja ese debate –como otros--, en mano de los electores.