19 sep 2020

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CONTENCIOSO ENTRE ADMINISTRACIONES

Montero busca una vía para hacer llegar nuevos recursos a las autonomías

La ministra de Hacienda desafía el criterio en contra expresado por la Abogacía del Estado

Los servicios jurídicos del Estado subrayan los límites de Gobierno en funciones

Rosa María Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. / JOSÉ LUIS ROCA

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a "seguir buscando soluciones" y alguna nueva fórmula que permita hacer llegar cuanto antes a las autonomías los mayores ingresos que les corresponden en el 2019 y que quedaron atascados por la no aprobación del proyecto de Presupuestos Generales (en febrero) y la posterior celebración de elecciones generales (el 28 de abril).

Lo que está en juego es la entrega adicional de unos 4.000 millones de euros a las autonomías (unos 900 millones, para Catalunya) en concepto de mayores entregas a cuenta, derivadas de la mayor recaudación tributaria prevista para este año

La Abogacía del Estado, en un informe entregado a la Secretaría de Hacienda este martes (27 de agosto), deja bien claro por escrito su criterio: No.

"Por exceder el despacho ordinario de asuntos publicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas", concluye el citado informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Fórmulas creativas

Sin embargo, en declaraciones a Onda Cero, la ministra Montero ha mostrado este miércoles su determinación para seguir "profundizando" y buscar "'formulas creativas" para dar respuesta a una situación de dificultades financieras en las autonomías "que yo conozco muy bien", ha dicho en alusión a su anterior etapa como consejera de Hacienda en Andalucía.

"No cejo en seguir buscando soluciones para atender las necesidades de las comunidades autónomas en la situación actual", y aunque ha insistido en que, en todo caso, el Gobierno en funciones debe ser respetar "los límites de la legalidad", no ha descartado la posiblidad de encontrar una salida.

"Ahogo económico"

La Generalitat de Catalunya ha iniciado una vía judicial para reclamar al Gobierno el pago de 1.300 millones correspondientes a la financiación del 2019. En esta cantidad se incluyen los casi alredededor de 900 correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta y otros más de 400 millones que se derivan de la liquidación del IVA del ejercicio 2017.

En la sedel del Parlament, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, acusó al Gobierno central de "retener" ilegalmente el pago de estas cantidades cuyo retraso está causando un "ahogo financiero"  a Catalunya. La situación es similar en el resto de las autonomías.

En Onda Cero, la ministra ha negado tener miedo ante un posible pronunciamiento en contra de los tribunales a partir de las acciones legales de la Generalitat.  "Miedo, nunca. El Gobierno está siguiendo un criterio técnico. Nadie puede poner en duda la sensibilidad autonómica de este Gobierno. Ya determinarán los tribunales", ha dicho.

Hasta ahora, la Abogacía del Estado había expresado verbalmente que un Gobierno en funciones no podía atender la actualización de las entregas a cuenta a las autonomías, pero la ministra de Hacienda quería tener ese criterio por escrito, según ha relatado ella misma en Onda Cero. El 22 de agosto se realizó la petición del informe (un día después de la comparecencia de Aragonès en el Parlament) y el 27 de agosto la Abogacía del Estado se lo entregó a la Secretaría de Estado

Petición de información

En concreto, la Secretaría de Estado planteó esta extensa pregunta a la Abogacía del Estado: "¿Puede el Gobierno, en su actual situación de Gobierno en funciones, ejercer la iniciativa legislativa necesaria para poder efectuar la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para 2019, precisando mediante el instrumento normativo oportuno que las cifras de ingresos previos a la cesión a las Administraciones Territoriales a considerar en su cálculo pueden ser actualizadas con referencia a las previsiones tributarias para 2019 vinculada al ciclo presupuestario de dicho ejercicio en lugar de pivotar sobre las cifras de ingresos tributarios del ejercicio prorrogado 2018?"

Traducción libre de la pregunta: ¿Puede este Gobierno en funciones abonar a las autonomías los 4.000 millones adicionales que les corresponden en sus entregas a cuenta?.

La pregunta formulada por Hacienda no hace referencia a la situación de los ayuntamientos, que es similar, y que supondrían otros 1.400 millones adicionales. Tampoco hace referencia la cuestión a las cantidades pendientes por la liquidación definitiva del IVA del 2017, que también reclama con urgencia la Generalitat.

Respuesta de la Abogacía

En su respuesta, la Abogacía del Estado se centra en depejar si el abono de estas cantidades entran dentro de lo que se entiende que puede acometer un Gobierno en funciones.

Parte del hecho de que para estas situaciones, la ley determina que el Gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Y a partir de sentencias previas del Supremo, la Abogacían explica que "el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni. desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya". 

La Abogacía del Estado entiende que este criterio impreciso debe ser examinado "caso por caso". Y tras analizar en particular este asunto llega a la conclusión de que "un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las Comunidades Autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos".

Resquicio legal

La cuestión de fondo es si verdaderamente, actualizar las entregas a cuenta implica la introducción de "nuevas directrices políticas" o si por el contrario solo es un simple mecanismo automático que emana de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Según recuerda la propia Abogacía del Estado, esta ley establece que "las Comunidades Autónomas recibirán, cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación". Y para la determinación de estos importes "se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de ley de presupuestos generales el Estado del ejercicio que corresponda"

El Gobierno de Pedro Sánchez, antes de entrar a estar en funciones, aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos, del que se derivaba la actualización de las entregas a cuenta a autonomías y ayuntamientos. El texto fue finalmente tumbado por el Congreso de los Diputados. Pero la ley de Financiación Autonómica se remite al "anteproyecto" para la determinación de las entregas a cuenta.

La Abogacía del Estado, en todo caso, no encuentra un resquicio legal en esta formulación de la ley pero tal vez es una de las vías que pueden estar explorando los servicios técnicos del Ministerio de María Jesús Montero.