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CONSECUENCIAS DE UNA REPETICIÓN ELECTORAL

Pensiones y sueldos públicos empezarán el 2020 congelados si el Gobierno continúa en funciones

La situación de bloqueo político impediría a los ministerios de Trabajo o Función Pública actualizar sus tablas salariales

Agencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado agosto, en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado agosto, en Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

Las pensiones, los subsidios varios o el sueldo de los funcionarios arrancarán el 2020 congeladas si los partidos con representación en el Congreso de los Diputados no consiguen armar una mayoría que permita la formación de un nuevo Gobierno. Los ministerios de Trabajo o Función Pública, actualmente en funciones, no podrían así actualizar sus tablas salariales hasta la formación de un nuevo Ejecutivo y la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (o, en su defecto, la prorroga de los actuales con modificaciones).

Otra de las cuentas pendientes de revisión será el salario mínimo interprofesional (SMI), que empezará el 2020 congelado en los 900 euros actuales si hay repetición electoral y el Gobierno sigue en funciones hasta el final del ejercicio. El SMI ya se ha mantenido paralizado en anteriores interregnos entre legislatura y legislatura. La última el pasado 2012, cuando Mariano Rajoy accedió al poder. 

La situación de bloqueo político afectaría así también a la evolución de este salario -la cuantía retributiva mínima referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros- al igual que puede ocurrir con la evolución de las pensiones o los salarios de los funcionarios.

Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2018 el incremento del SMI benefició a 1.327.054 trabajadores. Lo habitual es que el SMI se apruebe mediante un real decreto en Consejo de Ministros antes de que termine el año para entrar en vigor el 1 de enero del año al que se refiera.

Debe reunirse con organizaciones

La ley de Gobierno fija que el Ejecutivo en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas, "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique".

Esto dejaría fuera la decisión del Gobierno sobre el SMI que suele tomar previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más significativas. No obstante, este año el Gobierno lo pactó con Podemos, dentro de su acuerdo presupuestario, algo que ha reprochado la CEOE por saltarse el diálogo social.

Se trató de una subida del 22 %, la mayor desde 1977, que afectó a 1,3 millones de trabajadores de forma directa y que tiene además un efecto arrastre en los sueldos. El compromiso del Gobierno, reiterado por Pedro Sánchez durante el discurso de investidura, es ir subiendo el SMI hasta que alcance el 60 % del salario medio, unos 1.100 euros.

El SMI se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por el elevado aumento de la inflación.