El Govern aprueba para los funcionarios opciones de movilidad interna si sufren violencia machista

La ‘conselleria’ de Polítiques Digitals i Funció Pública y los sindicatos han pactado este miércoles una batería de medidas para mejorar la conciliación familiar de los trabajadores de la Generalitat de Catalunya. Una de las principales novedades es un protocolo a favor de las víctimas de violencia machista, que podrán pedir el traslado a otro puesto de trabajo con el mismo status y remuneración y la Generalitat asume el compromiso de efectuar el cambio en un máximo de tres días. No obstante, Funció Pública y las centrales no han conseguido avanzar en cuestiones como la supresión de las elevadas tasas de interinos o en el retorno de las pagas extras retiradas.

Los representantes de la Generalitat y los de los trabajadores públicos han rubricado este miércoles por la mañana, tras la reunión de la Mesa General de la Funció Pública, tres novedades en las condiciones laborales de la plantilla. Por un lado, las víctimas de violencia machista que así lo acrediten mediante los mecanismos contemplados en la ley estatal contra la violencia de género, podrán solicitar el traslado a otro puesto de trabajo dentro de la misma administración de la Generalitat para así no verse obligadas a convivir con su presunto agresor. Dicha medida también imperará en caso que las víctimas de la violencia sean los hijos o menores a cargo de la pareja.

Funció Pública asume la obligación de realizar dicho movimiento en un plazo máximo de tres días y de mantenerle a la víctima el mismo sueldo y la categoría profesional. La intención del Govern, según han manifestado fuentes de la ‘conselleria’, es llevar dicho protocolo entre septiembre y octubre al Consell Català de la Funció Pública, para hacer extensible dicho traslado a puestos de trabajo de las diferentes instituciones (ayuntamientos, diputaciones, universidades, etc.).

El documento firmado entre las partes este miércoles también incluye el paquete de medidas una destinada a los padres o tutores de menores con discapacidad, a los cuales se les habilitará una flexibilidad horaria para reuniones o visitas al centro escolar de los infantes. Actualmente el reglamento únicamente contemplaba estos permisos para los funcionarios, cuyos hijos o menores a cargo estuvieran en centros educativos especiales.

Otra de las medidas rubricadas ha generado disensión entre los sindicatos: CCOO y UGT han votado, con mayoría, a favor y la IAC en contra. Esta está pensada para facilitar la reincorporación de los funcionarios que hayan sufrido una enfermedad o accidente severo o de carácter especial. Dicho estatus lo definirá el servicio de prevención y ha sido debido a la falta de esclarecimiento de los criterios concretos lo que ha provocado que la IAC declinara secundar la medida. El proceso constará de tres fases. Durante el primer mes el trabajador tendrá una reducción del 50% de jornada, que bajará al 25% en el segundo mes y hasta el 10% en el tercero. También podrá acceder a otros mecanismos de flexibilidad, como el cómputo vacacional por quincenas o cogerse vacaciones por horas.

Sin novedades sobre interinos ni pagas

Si bien en conciliación los funcionarios podrán celebrar novedades, no otras cuestiones que arrastra la ‘conselleria’, como el retorno de las pagas extras retiradas en el 2013 y en el 2014. El Govern debe efectuar un pago del 30% de la correspondiente al 2013 durante el segundo semestre de este año y todavía no hay fecha exacta para dicho pago. Fuentes de la 'conselleria aseguran que se abonará a tiempo, aunque trasladan la pelota a la ‘conselleria’ de Economia sobre si dicho pago se efectuará más o menos cerca del tope del 31 de diciembre. En septiembre está prevista una nueva reunión de la Mesa donde se acabará de delimitar esta cuestión.

Otra materia de disputa con las centrales es como resolver las altas tasas de interinos, un déficit extendido en toda la Administración. El Parlament aprobó el pasado junio una resolución que instaba al Govern a abrir un concurso especialmente adaptado a los colectivos temporales con más edad y este miércoles Funció Pública les ha trasladado a los sindicatos un informe jurídico que apunta hacia la inconstitucionalidad de salidas ‘ad hoc’ de este tipo.

Aquí la 'conselleria' ha sacado partido de las disensiones entre los sindicatos, que no se ponen de acuerdo en el mecanismo por el que presionar a la administración para reducir las altas tasas de eventuales que existen actualmente. Funció Pública no se ha avenido a negociar la suspensión de las oposiciones convocadas ni ha renegociar las condiciones de las mismas.