Ir a contenido

Propuesta del Govern

Aragonès abre la puerta a un salario mínimo catalán

Sindicatos y patronales recelan de la propuesta del Govern y remarcan la falta de competencias en dicha materia

Gabriel Ubieto

El ’vicepresident’ Pere Aragonès, durante la presentación del Informe Anual de l’Economia Catalana 2018.

El ’vicepresident’ Pere Aragonès, durante la presentación del Informe Anual de l’Economia Catalana 2018. / Joan Cortadellas (El Periódico)

El ‘vicepresident’ del Govern y titular de la cartera de Economia, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una propuesta de Govern para la confección de un salario mínimo interprofesional en Catalunya. Aragonès no ha concretado la cuantía, aunque ERC ha defendido en anteriores programas electorales la cifra de los 1.200 euros. La medida ha generado desde recelo hasta directamente rechazo por parte de las patronales y los sindicatos, que consideran que la Generalitat tiene otras vías para impulsar la subida de la masa salarial entre los catalanes.

Aragonès ha lanzado la propuesta durante la presentación del 'Informe Anual de l’Economía Catalana 2018' y se ha marcado un plazo de tres meses para tener listo un documento cerrado y concreto sobre la cuantía de ese SMI catalán y, lo más importante, su articulación normativa.

La Generalitat no tiene competencias para fijar un salario mínimo obligatorio, pues estas son exclusivas del Gobierno central, y Aragonès, consciente de ello, ha abierto la mano hacia sindicatos y patronales para vehicularlo a través de la negociación colectiva. Es decir, que ese SMI catalán sea la referencia base a partir de la cual se negocien los convenios.

Y los agentes económicos no han recibido con entusiasmo la medida. Foment del Treball ha considerado que deben estudiarla detenidamente, ya que existe un claro riesgo de que pueda generar "distorsiones" dentro de las empresas. "Los salarios son una parte de la ecuación [para alcanzar un mayor bienestar], pero no la única", ha declarado la vicepresidenta de Foment Virginia Guinda. Desde Pimec, su directora de relaciones laborales, Elena de la Campa, ha declarado que ese consenso sobre el salario mínimo catalan debe hacerse teniendo en cuenta la evolución de la productividad y que es clave que se acuerde con los sindicatos que se intrerpreta como salario mínimo. Es decir, si este se entiende como salario base o si puede incorporar determinardos complementos.  

El secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha tachado de "burladero" la medida y le ha pronosticado poco futuro, ante la falta de competencias obligaciones, y ha instado al Govern a que si quiere redistribuir la riqueza, comience por el IRPF a las rentas más altas, algo en lo que sí tiene competencias. UGT, por su parte, ha manifestado que todo lo que sean subidas salariales es algo positivo para los intereses de los trabajadores, aunque ha reconocido los vacíos legislativos de la propuesta. El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha señalado que el Govern debe centrarse en reformular las condiciones salariales para poder acceder a una licitación pública y ha considerado que ya existe un marco de relaciones laborales para cuestiones como esta que es el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). En este sentido, y referenciándose a su vez en los acuerdos a nivel estatal (AENC), las patronales y los sindicatos acordaron el pasado verano que no hubiera ningún convenio con unas tablas salariales inferiores a 1.000 euros al mes para el 2021.

"La fotografía es muy buena"

Más allá de lanzar la propuesta de un SMI catalán, Aragonés ha hecho balance de la situación económica de Catalunya durante el ejercicio del 2018. "La fotografía es muy buena", ha afirmado refiriéndose a los datos macroeconómicos. El PIB creció al 2,6% en el 2018, encadena cinco ejercicios seguidos en positivo y para el 2019 la previsión del Govern es que la economía catalana crecerá al 2,1%. Cifras ya conocidas en anteriores balances.

Economia ha señalado que la desaceleración generalizada en la zona euro y las tensiones comerciales que amenazan a las economías mundiales son las causas que explicanel pobre crecimiento de sectores como la industria (1,1%) y de la notable pérdida de velocidad de las exportaciones catalanas al extranjero (que ha bajado del 5,1% del 2017 al 2% en el 2018).

Pese a que dichos indicadores no son halagüeños ni para el sector ni para el conjunto de la economía, los inversores continúan mostrando unas perspectivas de crecimiento. Así lo revela el comportamiento de la inversión en bienes de equipo, un indicador que habitualmente se usa para medir la confianza empresarial, bajo la hipótesis que estas caen previamente a una recesión. La inversión en bienes de equipo creció el 4,7% respecto a la cifra del año anterior.  

Más ahorro y más desigualdad

Las mejores cifras las registra la Generalitat en materia de austeridad y ha sido bajo la batuta de ERC (desde el 2015) cuando la ‘conselleria’ de Economia ha reducido con mayor intensidad el déficit de las cuentas públicas. En el 2018 cerró en los 1.025 millones de euros, lo que equivaldría al 0,44% del PIB. En el 2010, el máximo registro en la última década, dicho saldo negativo era de 9.100 millones, el 4,5% del PIB.  

El buen hacer en austeridad o "gestión responsable", según se ha referido el ‘vicepresident’ Aragonès, contrasta con el aumento de las desigualdades en Catalunya. Pese a que en el 2018 se recuperó por primera vez el PIB por habitante de los niveles previos a la crisis, las cifras de pobreza siguen creciendo. La tasa del riesgo de pobreza en el trabajo alcanzó en el 2018 el 14,4%, su máximo desde el 2013. Y pese a que la renta disponible de las personas creció (4,9%), la tasa de las personas en riesgo de pobreza lleva tres ejercicios consecutivos al alza y, afectando al 21,3% de la población, registra su máximo en el último lustro. Y tener un empleo en el presente ciclo económico es menos sinónimo que hace una década de estabilidad económica.  

El departamento encabezado por el ‘vicepresident’ Aragonés también ha destacado el crecimiento del número de empresas con su domicilio fiscal en Catalunya en el pasado 2018, del 1,5%; en un ejercicio que comenzó marcado por los vientos políticos del 1-O y la fuga de las sedes sociales de ciertas compañías.