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El G-7 acuerda poner en marcha impuestos para las tecnológicas

Francia asegura que el consenso "es un gran paso" para una fiscalidad "más justa y más eficaz"

El G-7 acuerda poner en marcha impuestos para las tecnológicas

Los ministros de Finanzas de los países del G-7 han alcanzado un acuerdo sobre la puesta en marcha de una fiscalidad que grave las actividades digitales, aunque las empresas que las realicen no tengan presencia física en el país. 

"Es un gran paso para la puesta en marcha de una fiscalidad más justa y más eficaz", destacó en conferencia de prensa el ministro francés, Bruno Le Maire, que durante dos días ejerció de anfitrión en la reunión con sus colegas en la ciudad de Chantilly, al norte de París.

Le Maire consideró que se trata de "un acuerdo ambicioso", ya que por primera vez se tienen en cuenta los desafíos de la economía digital. Francia ha puesto en marcha su propia tributación, lo que ha desatado las iras del presidente de EEUU, Donadl Trump.

España también defiende este gravamen y, de hecho, la ministra de Econoía en funciones y posible candidata a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), Nadia Calviño, anunció que el Ejecutivo la aprobará, aunque prefería que se aplicara a nivel europeo.

En concreto, el compromiso del G-7 prevé el desarrollo de reglas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios, en particular aquellos que generan valor sin tener presencia física, como ocurre con muchas empresas del sector digital.

Los ministros del G-7 (EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) también se pusieron de acuerdo en la necesidad de establecer un impuesto de sociedades mínimo.

En este terreno, queda todavía pendiente el establecimiento de una horquilla de tipos mínimos.

El objetivo de todo esto, en palabras del ministro francés de Finanzas, es poner fin a la competencia desleal en el terreno fiscal y a la llamada "optimización fiscal".

"No queremos una competencia fiscal agresiva", ha añadido Le Maire, que ha explicado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que se ha encargado la negociación internacional, debe proponer una "arquitectura" para enero de 2020 de forma que se pueda tomar una decisión definitiva a finales de ese año.

Le Maire se ha felicitidado por que el G7 haya adoptado "un enfoque coordinado, multilateral y más constructivo", tras las amenazas de sanción lanzadas esta misma semana por la Administración estadounidense contra París por el impuesto que Francia ha creado para los gigantes de internet, casi todos estadounidenses.

El objetivo de esa llamada tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), que Francia no logró generalizar a comienzos de año para el conjunto de la Unión Europea pese al apoyo firme de otros socios como España, es precisamente poner presión para que la comunidad internacional asiente una base fiscal común.

Pese a que EE.UU. se sintió directamente aludido, como lo evidencia el procedimiento de sanción abierto a Francia, Le Maire ha reiterado que ese impuesto nacional "no ataca a ningún país en particular" y que se retirará en cuanto haya otro a escala internacional que lo sustituya.

Más allá de la fiscalidad digital, los ministros del G7 han convenido que el impuesto de sociedades debe tener un tipo mínimo para garantizar que las empresas pagan su justa contribución y no se sirven de paraísos fiscales o jurisdicciones de conveniencia para la evasión fiscal.

Ahora la cuestión es trabajar en una horquilla de tipos mínimos que sea comúnmente aceptada, algo que está todavía pendiente.

Los responsables de Finanzas también enviaron un mensaje de firmeza en dirección a Facebook y a su proyecto de crear una moneda, la libra, al manifestar de forma unánime "fuertes inquietudes" al respecto.

A su juicio, libra "plantea serios problemas" tanto técnicos como políticos. En primer lugar porque la red social no ha presentado ninguna disposición para garantizar que libra cumplirá las reglas de lucha contra el blanqueo o contra la financiación del terrorismo, pero tampoco para la protección de datos personales o para salvaguardar los derechos de los ahorradores.

En un terreno más político, Le Maire dijo que "no podemos aceptar que entidades privadas pongan en marcha sus propias monedas sin las obligaciones" de transparencia de los emisores soberanos.

La voluntad de actuar rápido ante una iniciativa que entraña riesgos "sistémicos" para el sistema financiero se traducirá en las propuestas que hará el próximo otoño el grupo de trabajo creado sobre las criptomonedas y que dirige el francés Benoît Coeuré, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).