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JURISPRUDENCIA

El Supremo dictamina que el bitcoin no es dinero y si se roba no se puede restituir

El alto tribunal considera que no puede tener consideración de moneda legal y, que por tanto, tampoco la tiene "a efectos de responsabilidad civil"

Una persona con dos representaciones físicas del Bitcoin.

Una persona con dos representaciones físicas del Bitcoin. / AFP

El Supremo ha establecido que el bitcoin no puede ser considerado dinero ni tener tal consideración legal "a efectos de responsabilidad civil". Las consecuencias de la sentencia son demoledoras, ya que el Supremo mantiene que el bitcoin no "es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero". Los motivos para dudar de la seguridad criptomoneda empiezan a ser preocupantes. 

El Tribunal Supremo ha informado este jueves de que ha confirmado una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading & Devs, que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron las criptomonedas en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, cuando se firmaron estos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

En su sentencia, el Supremo considera que el bitcoin puede ser utilizado como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten. Pero no es posible exigir la devolución de ese activo. 

La Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, igualmente, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. Como no estaban de acuerdo con esta resolución, los estafados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que alegaron que lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la devolución de su importe.

Ahora, la Sala responde que aunque su propia jurisprudencia ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, las víctimas de la estafa no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que "el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo".

El magistrado Pablo Llarena explica en la sentencia que el bitcoin es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre y que a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada 'blockchain', se crean estas unidades, que se comercializan a través de una red informática verificada.

Es por esto que la Sala subraya que la criptomoneda "no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de 'trading".

En suma, el Tribunal Supremo cree que, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, "no se puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia". El Alto Tribunal desestima así tanto el recurso de casación presentado por las cinco personas estafadas como también el interpuesto por el condenado contra la sentencia recurrida, que ha sido confirmada en su integridad.