Los sindicatos critican por 'asistencialista' la renta mínima de la Airef

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha aprovechado el proyecto de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentado por CCOO y UGT, y apoyado por 710.000 firmas, para presentar su propia propuesta sobre una nueva renta mínima en España. La entidad presidida por José Luís Escrivá propone redireccionar la reforma en una prestación que se centre en combatir la extrema pobreza en 1,8 millones, lo que reduciría la tasa de pobreza severa del actual 6,9% al 2,7%, y que supondría un coste de 5.500 millones de euros. Una carga fiscal que podría reducirse, según cálculos del organismo, si las autonomías eliminaran duplicidades, hasta los 3.500 millones de euros.

La propuesta de la Airef ha sido recibida con un regusto agridulce por parte de las organizaciones sindicales. Por un lado, y en sentido positivo para las centrales, reconoce que la importancia de abordar políticas sociales para combatir las situaciones de precariedad material en la que viven el 6,9% de los españoles y que quién deben hacerlo es la Seguridad Social a nivel estatal.

Se considera pobreza severa la que experimentan aquellas personas que viven con una renta por debajo del 30% de la mediana de renta disponible del país. En España, para datos del 2017, ello se traduce en 355 euros mensuales para un individuo o 746€ para un hogar de dos adultos con dos menores a cargo. Actualmente España es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Rumanía con un porcentaje más alto de población que vive bajo el umbral de la pobreza severa. En la media de los 28 la cifra es del 3,5%.

La autoridad fiscal estima que el modelo propuesto por los sindicatos supondría, como mínimo, un coste de entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros y reduciría la tasa de pobreza severa hasta el 5%. Sin embargo, "la Airef centra su objetivo en la extrema pobreza, no en la erradicación de la misma. Es decir, pasar de muy, muy pobres a pobres es un paso, pero evidentemente no es lo que se pretende desde el sindicato", según ha declarado la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió.

Objetivo: no salir del mercado de trabajo

Las centrales consideran que un plan integral contra la carestía debería abordar también los vacíos del actual sistema de protección por desempleo, para evitar que los trabajadores que pierden su empleo y tienen dificultades para reinsertarse acaben saliendo del circuito laboral hasta acceder a un subsidio. "El proyecto de la Airef pasa por compatibilizar la renta mínima con un salario, lo que nosotros conscientemente hemos evitado de manera estable, ya que ello empujaría para abajo los sueldos, pues muchas empresas lo entenderían como un complemento", ha apuntado el secretario confederal de protección social de CCOO, Carlos Bravo.

Bravo explica que la ILP de los sindicatos nace con la voluntad de solventar las capas de pobreza entre los parados de larga duración e incorpora conscientemente las "duplicidades" que interpreta la Airef, con la voluntad de evitar un conflicto territorial con las administraciones autonómicas. En el actual reparto competencial son estas las que gestionan los mecanismos equivalentes a las rentas mínimas. "En nuestro modelo, las comunidades autónomas serían las que se encargaran de las situaciones de extrema pobreza y la Seguridad Social de revitalizar las personas con más posibilidades dentro del mercado de trabajo", afirma el dirigente de CCOO.