La ley que limita el alquiler topa con el rechazo político y social

Cuando el Consell Executiu de la Generalitat aprobó a finales de mayo el decreto ley de contención de las rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda en Catalunya cosechó críticas de electoralismo por parte de partidos políticos y agentes sociales relacionados con el sector inmobiliario. El momento, en plena campaña de las municipales con ERC por delante en las encuestas, no pudo ser menos oportuno a ojos de los contendientes políticos. Pero tampoco gustó -sigue sin hacerlo- al sector profesional relacionado con la promoción de vivienda, ni a los movimientos vecinales, como el Sindicat de Llogueteres.  

Oportunidad electoral al margen, lo cierto es que aún cuesta encontrar a quién avale la propuesta impulsada por la ‘consellera’ de Justícia, Esther Capella (ERC), y, finalmente, aceptada por el ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (JxCat). No hace falta escarbar mucho para recoger la impresión de que el decreto producirá el efecto inverso al que se quiere impulsar que es la contención de los precios del alquiler en las zonas con gran demanda. Pero de igual forma, no está claro que Capella acabe encontrando suficiente respaldo político en el Parlament cuando esta semana se presente a convalidación el decreto ley aprobado en mayo. Pese a que desde el Govern se ha transmitido a los grupos parlamentarios la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley, lo que permite introducir, enmiendas, a priori está por ver que pueda pasar el trámite de la convalidación. 

El decreto de medidas urgentes de acceso a la vivienda ya sentó un precedente en abril cuando el Govern tuvo que retirarlo ante la imposibilidad de sacarlo adelante. También ahora la mayoría parlamentaria está en contra. La única duda es si En Comú Podem se abstendrá en la votación de convalidación, para poder presentar enmiendas en la tramitación como proyecto de ley. Para la formación, que está a favor de la limitación de los alquileres para moderar los precios, “la propuesta del Govern tendrá el efecto contrario: provocará una subida inmediata”, ha comentado Susana Segovia, portavoz parlamentaria de esa formación. “No tenemos intención de respaldarla”, ha comentado. Pero la clave, se apunta desde Justícia, es Ada Colau. El decreto permite a Barcelona decidir si declara la ciudad área tensa de mercado para poder limitar los precios. “¿Van a votar en contra de la ley más valiente que se ha tramitado en materia de vivienda en Catalunya?”, se preguntan en Justícia. Por ahora, la respuesta es afirmativa. También fuentes municipales reiteran que En Comú Podem no respaldará el decreto, lo que puede dar argumentos a ERC para señalar a esa fuerza como responsable de su posible retirada.

Aspectos insalvables

“El decreto tiene aspectos formales insalvables”, ha destacado, asimismo, la diputada Rosa María Ibarra, del PSC, que no respaldará la propuesta, como tampoco la CUP, ni C’s, ni previsiblemente el PP. El Sindicat de Llogueteres se ha sumado a las voces que no ven la utilidad de la propuesta del Govern, que ya consideró electoralista cuando se dio a conocer. El colectivo inmobiliario critica que el Govern no haya tenido en cuenta el movimiento social a la hora de redactar el decreto. "Se ha hecho a espaldas de la ciudadanía", afirma Jaime Palomera. Pero además, está en contra del decreto porque "no regula los precios", sino que facilita un incremento de precios a partir del índice de referencia,  que asume los precios de mercado, en los que ya se han incorporado todas las subidas de precios registradas. "El decreto permite la aplicación de subidas del 10% al 20% sobre los índices, lo que va a ocurrir es que en lugar de limitar los precios, estos van a incrementarse", agrega Palomera.

Por una vez las caras opuestas del alquiler parecen estar acuerdo, aunque por razones distintas. Los promotores, a través de la asociación que los agrupa (APCE), consideran contraproducentes la propuesta: “Este tipo de medidas de contención de precios del alquiler penaliza a las empresas que actualmente tienen capacidad para aumentar la oferta de vivienda de alquiler”. A los promotores también les preocupa que la medida --"sobre la que existen dudas respecto a la competencia jurídica de la Generalitat", dice—haga que se resienta directamente la actividad del sector. 

Profesionalizar la oferta

Menos sospechoso de hablar por intereses económicos propios, el catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, José García-Montalvo, plantea que nos encontramos ante una situación de falta de oferta más que de presión de precios, que no se resuelve con la limitación. Y agrega que en la transformación que necesita el sector para incrementar el parque “hay que profesionalizar la actividad a medida que va creciendo. Y no se podrá profesionalizar cuando se criminaliza a los grandes operadores”, defiende. “Si lo que se piensa es que el gran operador es el culpable de que los precios del alquiler estén subiendo en Barcelona no creo que vayamos bien. Eso es falso y no hay forma de que se quiera entender”.