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Empleos en riesgo

Los centros de inserción para discapacitados urgen a repensar el modelo: "No hay plan B"

AEES Dincat insta a la Administración a flexibilizar la ley de contratación pública, avanzar la edad de jubilación y a cambiar los criterios para las subvenciones, entre otros

Gabriel Ubieto

Protesta de los trabajadores de los centros especiales de empleo, dedicados a la inserción laboral de las personas con discapacidad, frente a la sede de la ’conselleria’ de Treball de la Generalitat.

Protesta de los trabajadores de los centros especiales de empleo, dedicados a la inserción laboral de las personas con discapacidad, frente a la sede de la ’conselleria’ de Treball de la Generalitat. / Elisenda Rosanas (El Periódico)

La principal patronal de los centros de inserción laboral para discapacitados en Catalunya, AEES Dincat, considera urgente abordar junto a la Administración el modelo público-privado mediante el cual las personas con capacidades especiales acceden al mercado de trabajo. La entidad quiere aprovechar el actual estado crítico del sector, tras una década de subvenciones públicas sin actualizar y la subida de costes que ha supuesto el incremento del salario mínimo, para repensar los déficits del sistema de inserción. Y para ello ha editado, conjuntamente con la escuela de negocios IESE, un "libro blanco" una batería de propuestas de cara a la Administración.

AEES Dincat gestiona 90 de los 250 centros especiales de trabajo (CETs) que existen actualmente en Catalunya, según datos de la entidad y del Departament de Treball. En el global de centros están empleadas 16.333 personas y, tras la crisis abierta por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en enero (es el salario más frecuente y se asume al 50-50 entre Administración y entidades), Dincat prevé que este año solo en sus centros peligran 1.600 puestos de trabajo. Y en la presentación ante los medios de este lunes, los dirigentes de AEES Dincat han vuelto a exigir tanto a Generalitat como al Gobierno central que cumpla sus compromisos para que ello no suceda: descongelación de subvenciones y que se abonen los 'extras' prometidos para el SMI.   

No obstante, la federación de entidades considera que salvar esos escollos al corto plazo no esconde el hecho de que es necesario reformar el actual sistema de inserción. "Por cada euro que el Estado invierte en los centros especiales de trabajo, el retorno social es de tres", ha defendido la vicepresidenta de Dincat, Amèlia Clara, en base a los datos del estudio realizado por el IESE. El progresivo envejecimiento de las plantillas de los CETs, las dificultades de algunos para dar el salto al mercado ordinario o las trabas burocráticas a la hora de formalizar contratos con la Administración han sido los principales problemas que desde la patronal consideran que es imprescindible abordar.

Modelo "envejecido"

"La actual normativa no incentiva la transición al mercado laboral ordinario", ha declarado el vocal de los CETs de Dincat, Ricard Aceves. Dos problemas le detectan al actual sistema desde la entidad, en este sentido. Por un lado, que la falta de inversión pública dificulta que desde los CETs se haga seguimiento de la inserción de las personas que dan el salto al mercado ordinario, para acompañarlos en el proceso. Y que este es un camino de un único sentido, es decir, los trabajadores con discapacidad que abandonan un CET no pueden volver luego a él, lo que provoca que el miedo a una mala experiencia impida la movilidad.

Por otro lado han exigido al Gobierno central que avance la edad de jubilación para el colectivo de discapacitados, ya que su envejecimiento suele ser más prematuro y sus capacidades físicas se ven mermadas con mayor facilidad. Actualmente, según datos del "libro blanco", el 39% de los trabajadores de los CETs tienen más de 45 años. Ello provoca que su productividad decrece, lo que merma la capacidad económica de los centros. A la vez que dificulta la inserción de los más jóvenes. Desde Dincat se considera que el retiro o modalidades de retiro parcial a partir de los 50 años permitiría combatir estos déficits.

Reformar la ley de contratación pública, competencia también del Gobierno central, es otro de los 'melones' que consideran desde Dincat que debe abrirse. Uno de los principales hándicaps que le ven desde la patronal es que no permite actualizar precios a media licitación, lo que ha provocado que no pudieran repercutir a sus clientes la subida del 22% del SMI. Otro es que los criterios sociales tienen poco precio en los actuales baremos, lo que les dificulta competir con empresas mercantiles ordinarias.